El presidente López Obrador no se ha caracterizado por ser respetuoso de la legalidad. Su frase “No me vengan con que la ley es la ley” retrata su forma de pensar y gobernar. Él viola la Constitución y las leyes porque le da la gana, porque el poder Legislativo se lo permite y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no lo limita. Cada día resulta más evidente un modus operandi propio de organizaciones que se desenvuelven de manera natural al margen de la ley.
De forma ordinaria el Ejecutivo federal anuncia en la mañanera que su voluntad ha determinado violar nuevamente la Constitución. Luego publica un decreto o acuerdo para facultar a ciertos funcionarios para inobservar las leyes; o envía una iniciativa al congreso a sabiendas que es ilegal. Al final no hay nada que lo detenga ya que cayó en cuenta que puede desatender las resoluciones del Poder Judicial y lanzar ataques personales contra aquellos que pretendan hacer valer la ley.
Sus ilegalidades iniciaron aún antes de tomar el cargo, como presidente electo hizo una consulta “patito” y resolvió que destruiría la obra del nuevo aeropuerto de la CDMX; una vez en el poder se lanzó en contra de las organizaciones civiles en su primer decreto; después siguió con el memorándum para que los funcionarios desobedecieran la Ley de Educación, en ese entonces parte importante de la clase política, económica y académica de este país, trivializó estas acciones y subestimó sus motivaciones. A partir de ahí, no ha cesado.
Este año, entre los decretos o iniciativas que envió al Congreso, está el que permite a los servidores públicos hacer “expresiones” en veda electoral sin que sean consideradas propaganda gubernamental; otro, por el cual la parte administrativa de la Guardia Nacional (GN) pasó a integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); y uno más que modifica el artículo 5to transitorio de la Ley de la GN para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028.
Por si esto no fuera suficiente, los Sedenaleaks revelaron que elementos de la Sedena llevan a cabo tareas de espionaje en contra de civiles, venden armas al crimen organizado, así como que han entorpecido el proceso de investigación de Ayotzinapa.
El último atropello, este jueves avanzaron en el cambio a un régimen autoritario planeado desde que llegaron al poder. Sin lograr la pretendida reforma electoral constitucional, sí le dieron un fuerte golpe a la democracia y al INE por medio de modificaciones a 6 leyes, algunas administrativas y otras inconstitucionales. En este momento la aprobación se detuvo debido a la cláusula de “vida eterna” a los partidos comparsa de Morena. Sin embargo, la pretensión presidencial y de su partido se mantiene.
En suma, el Presidente y su gobierno que insisten en quebrantar los principios fundamentales de legalidad y la división de poderes, han dañado estructuralmente al país. Sin embargo, a pesar de todo y de lo improbable que se vislumbra que detengan la destrucción legal e institucional, tengo esperanza al menos por 4 motivos. Primero, es posible que con el cambio del presidente de la SCJN iniciando el año, se dé oxígeno a la Corte para que discuta de forma prioritaria los cambios a las leyes electorales y el cúmulo de actos inconstitucionales que Arturo Zaldívar tiene en el cajón.
Segundo, si se sigue el procedimiento legislativo, las reformas tendrán que esperar a febrero, lo que le da a la oposición un tiempo preciado para estudiar mecanismos de impugnación. Tercero, tengo la certeza que los consejeros del INE harán todo lo que esté en sus manos para revertir los cambios administrativos. Y por último, la movilización ciudadana del 13 de noviembre se puede convertir en movimiento civil con organización estratégica y capacidad para utilizar el poder ciudadano conjunto. Nos vemos con energía renovada en 2023, ¡felices fiestas! (Colaboró René Gerez López).