El próximo 26 de septiembre se cumplen siete años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero . Los hechos ocurrieron durante el 26 y el 27 de septiembre de 2014, cuando estudiantes que pretendían dirigirse a la Ciudad de México para participar en la conmemoración de la matanza del 2 de octubre, fueron atacados por policías y hombres armados. Producto de las agresiones resultaron al menos 40 personas heridas, seis asesinadas y la desaparición de los normalistas. La gravedad del suceso ha trascendido la indignación nacional , llegando incluso a instancias internacionales y a considerarse como una de las más graves violaciones a derechos humanos en México.
La ira y el descontento social se reflejó en los cientos de estudiantes y ciudadanos que salieron en una gran cantidad de marchas en la Ciudad de México y otros lugares del país. Las consignas y la opinión pública se dirigieron a culpar al Estado, al entonces gobierno de Enrique Peña Nieto y a exigir justicia y el esclarecimiento del paradero de los normalistas. El caso marcó al último gobierno priísta y le generó un alto costo político que lo persiguió todo su sexenio, no solo por la culpabilidad que se le señalaba sino también por la falta de interés y sensibilidad que mostró ante el suceso.
En el 2015, Jesús Murillo Karam , entonces titular de la PGR , aseguró que “la verdad histórica” fue que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan; declaración que, desde el primer día, fue cuestionada. Conociendo la importancia de este tema que ha quedado como una herida nacional y utilizándolo políticamente, López Obrador se comprometió a encontrar a los normalistas y creó la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa y ha reiterado que en esta administración no habrá impunidad, se castigará a los responsables sean quien sean y se cumplirá el compromiso de búsqueda de los jóvenes. Sin embargo, los avances más significativos del caso son la identificación de tres estudiantes y 80 personas detenidas entre las que están integrantes del Cartel Guerreros Unidos, de las fuerzas armadas y de seguridad, autoridades y funcionarios públicos. A siete años de la desaparición de los normalistas, sigue sin saberse qué sucedió, no hay verdad, no hay justicia y las masacres continúan.
En efecto, pese al discurso del gobierno en turno, en el sentido de que ya no hay masacres, las desgracias, la violación a derechos humanos, la impunidad e injusticia continúan. Algunos ejemplos son la explosión de un ducto de PEMEX en Tlahuelilpan, Hidalgo, en el 2019 que dejó un saldo de 137 muertos; aún se mantienen la opacidad en las investigaciones sobre la omisión de los servidores públicos encargados de la atención de la que inició como una fuga de combustible, a fin de proteger la integridad de las personas; o el suministro de un medicamento contaminado para hemodiálisis que dejó 14 personas muertas en el 2020 en el Hospital de PEMEX en Tabasco y que a la fecha continúa impune, contando con un solo detenido y algunos cesados de su cargo; o el más reciente, la inundación de un hospital del IMSS en Tula, Hidalgo el pasado 6 de septiembre, hecho en el que fallecieron 17 personas.
Son solo ejemplos entre cientos de negligencias e irresponsabilidades gravísimas, que parecen no importar ni al gobierno federal ni a los gobiernos locales, los cuales gastan más energía en evadir sus responsabilidades que en cumplirlas. ¿Acaso las víctimas de estas tragedias no merecen verdad y que se castigue a los culpables como se ha exigido en el caso de Ayotzinapa? La demanda de justicia debe seguir, por los 43 estudiantes y tambien por todas las víctimas de las negligencias en este gobierno, que siempre busca a los responsables de las tragedias, de las negligencias y la falta de coordinación en el pasado, en sus detractores, en los conservadores, pero nunca asume su responsabilidad.
(Colaboró Denisse Valdés)
