El pasado 11 de mayo, se publicó el Acuerdo que permite a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad pública supuestamente de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” por cinco años, es decir hasta el 27 de marzo de 2024. Este inconstitucional Acuerdo no sólo profundiza la militarización de la seguridad pública, sino el militarismo.
El Acuerdo establece que las Fuerzas Armadas podrán realizar diversas actividades de seguridad pública junto a la Guardia Nacional. Se señala que podrán emprender acciones para garantizar, mantener y restablecer el orden, así como para prevenir delitos. También, podrán efectuar detenciones de personas, asegurar bienes, hacer puestas a disposición y hacer el registro inmediato de personas detenidas. Asimismo, podrán preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los indicios, huellas o vestigios, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Además, podrán participar en operativos, así como en labores de vigilancia, verificación e inspección.
El Acuerdo es inconstitucional, un retroceso y un fraude a los mexicanos y a la reforma que generó la Guardia Nacional por diversos motivos:
1. No detalla la participación “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Ello viola el principio de certeza jurídica, pues no se tiene claridad sobre las condiciones o formas en que podrían actuar los militares.
2. Señala que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina deben “coordinarse” para definir cómo la Fuerzas Armadas complementarán a la Guardia Nacional. Esto viola nuestra Constitución y los compromisos internacionales, ya que las Fuerzas Armadas deben subordinarse a un mando civil, no “coordinarse” con otras instituciones de seguridad pública.
3. Establece que los gastos de las Fuerzas Armadas serán pagados por la dependencia que reciba su apoyo. Esto viola la división de poderes y el principio de legalidad, ya que el presidente rechaza, tanto las leyes aprobadas por el Congreso en materia presupuestaria, como el Presupuesto de Egresos que aprobó y pueda aprobar la Cámara de Diputados.
4. Prevé que “las tareas que realicen la Fuerzas Armadas … estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda”. Esto no sólo es ambiguo, sino que abre la posibilidad de que los militares se auto-vigilen. Ello contradice los compromisos internacionales en la materia, que prevén que deben existir mecanismos de supervisión externos y efectivos.
5. Da a las Fuerzas Armadas funciones de preservación de indicios y de registro de personas detenidas, lo que contradice los estándares internacionales, que establecen que la participación de militares en estas funciones podría trastocar el debido proceso.
En definitiva el Acuerdo es grave porque representa un riesgo para nuestra seguridad y un abuso para nuestras Fuerzas Armadas. Por un lado, agrava la inseguridad ya que tener a los militares en las calles no resuelve los problemas de fondo de la delincuencia. Tampoco garantiza operativos adecuados, porque los militares tienen conocimientos de guerra, no de seguridad pública. Por otro lado, representa un abuso
para los militares, pues tendrán que hacer numerosas tareas más a las que ya hacen, como efectuar detenciones, asegurar bienes, hacer puestas a disposición, preservar indicios, registrar personas detenidas y participar en operativos.
El Acuerdo más allá de profundizar la militarización de la seguridad pública, profundiza el militarismo. El presidente parece continuar confiando en que los militares, debido a su disciplina, son los más preparados para garantizar el desarrollo de México y de nuestra seguridad. Parece empeñarse en mostrar que la fuerza es la única o mejor forma de conseguir la paz, lo que podría interpretarse como que la actual administración está llevando al país a un régimen militar.
Colaboró Belem Barrera González.