El pasado 10 de abril se llevó a cabo el primer ejercicio de revocación de mandato en la historia del país. Para una sociedad que construye constantemente su democracia, un modelo de participación directa como el acontecido podría haber significado mucho. Sin embargo, esta herramienta de contrapeso al poder fue desvirtuada y dejó varias preguntas ¿funcionó la revocación ? ¿quién ganó o perdió?, pero aún más importante ¿qué sigue para la democracia mexicana de cara al 2024?
El sendero que condujo a la revocación de mandato fue tortuoso y sufrió diversos atropellos de diversos órganos. Por un lado, le revocación nació de una álgida discusión en la Cámara de Diputados , donde se obtuvo la aprobación de la Ley a estirones y empujones, pero sin una discusión de fondo y ni siquiera una reglamentación adecuada. Posterior a su probación, se requerían alrededor de 2.7 millones de firmas para convocar la consulta. Este proceso no surgió de los ciudadanos sino de Morena quien se apresuró a juntar las firmas, de las cuales, por cierto, entre el 20% y 25% fueron falsas. Las trampas empezaron desde el primer momento.
También, existió una dura controversia en la Suprema Corte con relación a la pregunta que acompañaría las boletas de revocación, misma que fue confusa y poco clara, no obstante, cuatro ministros con tendencia a la agenda gubernamental votaron en contra de su modificación. Y, por último, pero no menos importante, aun cuando el máximo tribunal ordenó que solo el Instituto Nacional Electoral (INE) sería el único ente facultado de promocionar la revocación de mandato se observaron en más de 19 estados pancartas y espectaculares en apoyo al presidente. No sólo eso, funcionarios públicos como el Secretario de Gobernación o el comandante de la Guardia Nacional y el propio partido Morena, que estaba impedido de hacerlo, se volcaron a la promoción ilegal de lo que no fue una revocación, sino un intento de ratificación.
¿Qué fue lo que pasó después de ese camino lleno de violaciones e ilegalidades? De acuerdo con los datos emitidos por el INE 8 de cada 10 ciudadanos decidieron no participar, esto quiere decir que hubo una participación del 17%, casi 50% más baja que las elecciones en las cuales fue elegido y, a su vez, el 91% de los 16 millones de votantes decidieron que se quedará, es decir, cerca de 15 millones. Con base en estos datos, la lectura rápida sostiene que su padrón de electores ha reducido dramáticamente a la mitad o que prefirieron no participar.
Si bien es cierto que la estructura de la revocación es distinta en tiempos, recursos, modelos de participación y actuación del órgano electoral en comparación con una elección federal o local de representantes populares, la realidad es que este mecanismo democrático operó para que el Presidente pusiera a prueba los diversos músculos políticos que tenía a su disposición y examinara la participación de sus operadores en el terreno democrático de a pie.
Es innegable que el resultado era de esperarse, favorable para el Presidente , incluso en su observancia especifica estado por estado, es un fresco reflejo de las elecciones apenas transcurridas en 2021 con una clara inclinación al sur del país, pero evidente oposición en el bajío y norte de la República. Lo que enciende los focos rojos para una democracia que tropieza sexenio tras sexenio como la nuestra, es la continuidad del organismo electoral y sus personajes que la resguardan.
Objetar quien es el gran triunfador o perdedor de esta contienda este sujeto a la lectura del interés social o político al que se pertenezca, lo que es en realidad incuestionable, es que el potencial afectado de la reciente revocación es el INE. Ese mismo organismo que cumplió a la letra de la ley, con cabalidad, objetividad y transparencia la organización de los comicios de los cuales fue electo el Presidente, más que nunca se encuentra en acecho del poder del Estado.
Conforme ha avanzado el gobierno de la cuarta transformación, se ha debilitado política y electoralmente, elección tras elección ha perdido bastiones que le eran históricamente irrebatibles como la Ciudad de México, pero el INE es observado desde el pulpito presidencial como un obstáculo para el mantenimiento de la agenda presidencial. Por ello, la defensa de la democracia para 2024 se encuentra en el campo de la autonomía y la independencia de sus instituciones.
