Pagar por algo que no necesitamos es algo que, a simple vista, carece de lógica y de sentido común; si además este pago nos es impuesto y nos vemos obligados a hacerlo para no sufrir alguna consecuencia es nefasto. Esto lo podemos ver en nuestro día a día, por ejemplo, cuando pagamos al franelero para que nos “cuide” el carro, o cuando somos víctimas del famoso “taloneo” en el transporte público, parques y plazas: absurdo. En este sentido, el problema en sí no es el pago, sino que este tipo de situaciones se hayan convertido en algo habitual con lo que hemos aprendido a convivir, y que, aunque nos moleste, lo permitimos.
A mucha mayor escala y con efectos dramáticos, la extorsión tiene su máximo referente en el cobro de piso. Este delito se ha generalizado en nuestro país y se repite de manera periódica. En este caso, a diferencia de los ejemplos anteriores, la víctima no puede escapar tan fácilmente, ya que se expone a que quemen su negocio, o incluso, a perder su vida. Esta “protección impuesta” es un lastre tanto para el productor como para el comerciante, y ante la falta de respuesta institucional ha obligado a las víctimas a callar y seguir pagando, ya que existe la idea que es mejor pagar a un grupo criminal que los defienda de otros grupos, que quedar a expensas de todos.
Algunos se han unido para hacer frente a estos grupos criminales; en Michoacán, por ejemplo, alrededor de 3,000 productores de aguacate, cansados de la situación, tuvieron que unirse para hacer frente a la extorsión y defender su trabajo. Lo que es común en todos los casos es que saben que las autoridades no son los que los van a proteger.
A su vez, esta infame práctica no sólo llega a la pequeña, mediana o a grandes empresas, sino que también alcanza las entrañas del mercado más informal, hasta el punto en el que los vendedores ambulantes se enfrentan a ello cada día y cada vez con mayor regularidad. Por si fuera poco, también afecta al resto de la población, pues recae en el consumidor con el aumento en el precio de los productos, ya que la elevada cuota por el cobro de piso obliga a aumentar los precios. Esto ha sucedido con el camarón en años anteriores o con el limón que se elevó de manera exponencial en las últimas semanas, lo cual tiene un impacto directo en millones de familias.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran como en 2021 hubo 9,407 registros de víctimas de extorsión, un 12% más que en 2020 (8,380). Sin embargo, teniendo en cuenta el miedo que existe a denunciar estos hechos, y que en México sólo 1 de cada 10 delitos son denunciados, existe una cifra negra que nos indica que este tipo de delitos son mucho más frecuentes de lo que las cifras oficiales nos muestran. Como señala la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, durante el año 2020 un 97.9% de los casos de extorsión no se denunciaron o no se inició una carpeta de investigación, más incluso que en 2019 (97.1%).
Esto es otro ejemplo de que no existe una estrategia de seguridad y de cómo la impunidad afecta cada vez más a las personas más vulnerables, aquéllas a las que López Obrador prometió defender. Los criminales lucran a través de una “protección” impuesta, protección que tendría que ser otorgada por el Estado. Ante esta situación, las víctimas sólo tienen dos opciones: continuar pagando por el cobro de piso para no sufrir las consecuencias de los criminales o escapar, pero ¿a dónde ir cuando tu único medio de vida es tu negocio? (Colaboró David Martín de la Fuente)
