Para que un Estado pueda brindar orden y garantizar seguridad a la población, es primordial contar con policías profesionales y eficientes. Las fuerzas policiales en México enfrentan un retraso endémico, producto de la ausencia de una política de Estado coherente en materia de desarrollo policial. Sin una visión institucional clara sobre la función policial, es imposible avanzar hacia el objetivo de tener cuerpos de seguridad verdaderamente profesionales.
Además, en la actual administración, los avances logrados en sexenios anteriores fueron desmantelados. Desde las descalificaciones infundadas contra las Policías en las conferencias mañaneras del Presidente, hasta el total abandono por parte del gobierno federal y muchos gobiernos estatales, el desarrollo policial y la seguridad ciudadana han quedado relegados. Esto se refleja en los alarmantes índices delictivos que marcan las propias cifras del gobierno.
Este desmantelamiento no fue un error fortuito, sino un proyecto premeditado por el presidente López Obrador, en complicidad con la élite militar. Motivado por sus odios y venganzas, el Presidente buscó deliberadamente debilitar a las policías civiles para justificar la militarización de la seguridad pública, un proceso que, salvo en algunos estados y municipios, está en plena marcha.
El estudio "Las Policías en México" de Causa en Común (https://t.ly/IjJ7B) recopila evidencia de múltiples investigaciones realizadas entre 2018 y 2024, demostrando el deterioro crónico que sufren las Policías. El colapso se generó en cadena, comenzó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual, lejos de coordinar los esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y velar por el desarrollo policial, se ha destacado por su inoperancia. Este órgano rector ha dejado de tomar decisiones relevantes, de dar seguimiento a los acuerdos y, en última instancia, ha dejado de reunirse.
Aunque en el Consejo se acordó, por ejemplo, la implementación del "Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica", este quedó en papel, sin los recursos necesarios ni la exigencia de su cumplimiento. Mientras tanto, las condiciones laborales de los policías siguen siendo deplorables: salarios insuficientes, falta de prestaciones sociales y jornadas laborales extenuantes. Por ejemplo, el 43% de los policías municipales ganan entre 5 mil y 10 mil pesos mensuales, el 28% carece de prestaciones sociales, mientras que en solo el 10% de los municipios se les ofrecieron apoyos para gastos funerarios a las familias de policías asesinados (INEGI).
Estas condiciones, agravadas por jornadas que superan las 12 horas continuas, generan un ambiente de estrés extremo que impacta la salud física y mental de los policías. Un 40% de los elementos encuestados reconoce que su salud se ve afectada por el trabajo, sufriendo desde ansiedad y fatiga crónica hasta trastornos emocionales severos, con consecuencias como ausentismo, adicciones e incluso muertes.
A este panorama desolador se suman los recortes presupuestales y la creciente militarización. Mientras que los escasos recursos federales para las policías han disminuido, la Guardia Nacional recibió este año un presupuesto de 71 mmdp. Las consecuencias para la población son graves: la cercanía de las policías locales con la ciudadanía, crucial para resolver conflictos y prevenir delitos, se ha perdido en aquellas localidades donde los mandos policiales han sido reemplazados por militares (15 estados y numerosos municipios). Aunque aún hay policías civiles, la imposición de la ideología castrense ha alterado profundamente la operatividad y la relación con la comunidad.
En resumen, las policías en México trabajan en condiciones cada vez más precarias, mientras la militarización y la violencia extrema se consolidan en todo el país. Ante esta crisis, la pregunta clave es: ¿Qué hará la presidenta electa Claudia Sheinbaum para enfrentar este desafío en materia de desarrollo policial y en consecuencia de seguridad pública? (Colaboró Vanessa Matamoros Nava)
Presidenta de Causa en Común
