En medio de cuestionamientos legales, una pandemia que ha sido devastadora en el mundo y una crisis económica en ciernes en el país, los días 21 y 22 de marzo el gobierno mexicano decidió llevar a cabo una consulta en Mexicali para decidir si se debía o no otorgar los permisos que permitirían terminar la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands.
Desde cualquier óptica, llevar a cabo esta consulta es una arbitrariedad. Tan solo al realizarla puso en riesgo la salud de la población, ya que México se encuentra expuesto al contagio del Covid-19, el cual comienza a presentar una curva ascendente y preocupante.
En el ámbito legal también fue un atropello. Ese ejercicio no puede dejar sin efectos legales los actos de autoridad relacionados con la construcción de la cervecera. Recordemos que nuestra Constitución ya prevé cómo se deben de llevar a cabo las consultas populares, por lo que está prohibido que sea materia de consulta los derechos humanos, además, se requiere al menos del 40 por ciento de la participación de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores para ser vinculante. Es el INE quien tiene a su cargo la organización, difusión, cómputo y declaración de resultados. Todo esto hace cuestionable legalmente ese “ejercicio participativo”.
Sumado a esto, se escucha al titular del Ejecutivo señalar que estas decisiones no ahuyentan la inversión, si no que si se pone orden se acaba con la corrupción e influyentismo. En un auténtico Estado de Derecho no debería ser suficiente acusar a una empresa de malas prácticas sin evidencia, se debe probar mediante juicio el que alguien es culpable o inocente.
Desde el punto de vista democrático también es cuestionable. El gobierno informó que de las 36 mil 781 personas que participaron el 76% manifestó no estar de acuerdo en que se termine de construir la planta. Sin embargo, este número apenas representa un aproximado del 3% de la población de Mexicali.
Y finalmente, en lo económico se sienta un muy mal precedente. La empresa realizó una inversión de 900 millones de dólares, considerando una inversión programada de 1 500 millones de dólares. Esta decisión gubernamental tira por la borda los recursos y los empleos que tanto necesita el país. Resulta en un claro mensaje a los inversionistas de la falta de seriedad por parte del gobierno, y que basta un cálculo (o miopía) político para echar atrás compromisos adquiridos.
Más aún, en caso de que la cervecera decida llevar su caso a algún arbitraje internacional y el Estado Mexicano resultara condenado, sin duda será con nuestro dinero, dinero público, con el que se pagará la indemnización.
Esto no es un caso aislado, ya tenemos antecedentes de consultas que pretenden revertir acuerdos previos y se tiran a la basura importantes sumas de dinero. Se puede recordar la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto en la que se “eligió” por una mayoría la construcción de Santa Lucía. O bien, el caso de la cuestionada “consulta” sobre el Proyecto Integral Morelos y la Termoeléctrica Huexca.
Si estas consultas sólo están sirviendo para traducir la agenda particular del gobierno, entonces no deberíamos sorprendernos si algún día en lugar de tener instituciones que impartan y procuren justicia también se someta a votación del “pueblo” la inocencia o culpabilidad de alguien, ¿será que pronto veremos la consulta sobre la “prolongación del mandato”?
El camino no es dinamitar las instituciones y hacer “consultas” utilizando al “pueblo” como pretexto. El camino es respetar el Estado de Derecho, fortalecer las instituciones y los derechos humanos. Si no hacemos esto, corremos el riesgo de retroceder años de avances que serán muy difíciles de recuperar.
(Colaboró Francisco De Villa)
Presidenta de Causa en Común
