El 27 de abril del presente año, Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, fue asesinado de un balazo en la cabeza mientras iba a bordo de una camioneta. Esa bala salió del arma de un elemento de la Guardia Nacional (GN), una corporación de seguridad que tenía como objetivo “pacificar” el país. A través de un escueto comunicado, la GN lo llamó “un incidente en el que una persona perdió la vida y otra resultó herida”. Esa tendencia de calificar como “incidentes” hechos tan graves como la muerte del joven, implica una minimización del acontecimiento, una incomprensión de la gravedad del tema, pareciera que el destino fue el único responsable de que esta tragedia ocurriera. El mismo tratamiento que le dio el Presidente cuando un tramo de la Línea 12 del metro se vino abajo: “esas cosas pasan”.
A pesar de que el elemento que supuestamente disparó contra los estudiantes fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), por la formulación de la imputación (tentativa de homicidio) el juez lo dejó en libertad. Esto provocó que la comunidad estudiantil protestara y exigieran una investigación exhaustiva y rigurosa. Los estudiantes se encuentran desconcertados y con un sentimiento de inseguridad que lo han expresado de la siguiente manera: “Ellos no nos cuidan, ellos nos asesinan”, “Hoy sabemos que la Guardia Nacional mata. Hoy ya no nos sentimos seguros con su presencia”.
Me sumo a su gran indignación, los jefes militares ya encontraron su modus operandi: entregan a un soldado, dejando a salvo al mando que es quien generalmente da la orden y a la institución que es la responsable de prepararlos como policías. A la luz de los resultados, es evidente que en tres años no han cumplido la meta de capacitarlos. Por si no fuera suficiente, tienen como cómplice a la FGR que hace mal el procedimiento, así, el elemento queda en libertad y no se investiga más. Fin de la historia, a darle vuelta a la hoja, mientras “otro incidente” se vuelve a presentar.
Este tipo de “eventos desafortunados” ya forman parte de nuestro día a día, el 17 de marzo supuestamente otro soldado en solitario asesinó a Lidia Villalba, empresaria y golfista, en los límites entre Jalisco y San Luis Potosí. Y casos similares han ocurrido en otros estados como en Chiapas, Michoacán, Sonora y Tamaulipas. Todo esto sucede mientras el presidente dice que las Fuerzas Armadas ya no tienen órdenes de matar como antes y mientras generales responsables guardan silencio cómplice minimizando el hecho.
Llevamos tres años y cada día se documentan más abusos en contra de civiles que nada tienen que ver en actos delictivos. La GN y la Sedena tomaron todas las facultades de la Policía Federal; tomaron los recursos, inclusive los de las policías municipales, pero olvidaron el detalle que dicta la Constitución en la Ley de la Guardia Nacional: los militares tienen que ser preparados como policías civiles, tienen que pasar controles de confianza, prepararse para investigar y para hacer detenciones. No se trata de quedarse con el dinero, se trata de asumir la responsabilidad.
Llevamos demasiado tiempo en este combate contra la violencia y, quienes más sufren las consecuencias es la gente joven. El modelo militarizado no está funcionando, hay más violencia y cada vez menos paz. Estos eventos no son simples “incidentes” que “pasan”; por ende, la FGR debería hacer una investigación a fondo, que se dé a conocer quienes dispararon, quienes son los mandos superiores involucrados; y debería tener consecuencias al interior de la institución, sancionando a los responsables de no haber formado a los elementos. Pero si son incapaces de ser empáticos con dolor de los familiares y amigos de Angel Yael, seguramente también seran incapaces de reconocer que tienen que cambiar. (Colaboró Lorenza Hope)