Los gobiernos populistas, sin importar su ideología, comparten los mismos patrones: descalifican a sus opositores, hacen promesas de campaña engañosas, promueven políticas insensatas, culpan a otros de sus errores, toman decisiones autoritarias y destruyen los cimientos de la democracia. Ejemplos de esto sobran, Hugo Chávez en Venezuela y Nayib Bukele en El Salvador; Andrés Manuel López Obrador, a quien lo vivimos recientemente en México, y ahora, Donald Trump, quien regresa con un triunfo claro.

El retorno de Trump, inimaginable hace pocos años, es un reflejo sombrío de la política y el electorado estadounidense. Un criminal convicto, culpable de 34 delitos graves según un jurado de Nueva York, será el líder de uno de los países más poderosos del mundo. Su control sobre los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es ahora total, va mantener la mayoría en el Congreso. Unido al hecho de que el Tribunal Supremo tiene una mayoría ultraconservadora y tres de los jueces fueron nombrados por él.

En México, la situación no es muy diferente. Aunque no hay reelección presidencial, el proyecto de Claudia Sheinbaum es la continuación del de López Obrador. Las reformas que dejó su antecesor, los mismos programas sociales y la alianza con los militares persisten. Morena tiene control sobre los tres poderes: el Legislativo (gracias al Tribunal Electoral que legalizó su mayoría) y, próximamente, el Judicial (tras la decisión de la SCJN de dejar pasar la reforma).

La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar el control de Morena sobre el Poder Judicial acabó con la división de poderes, uno de los pilares de la democracia. Con el voto de Alberto Pérez Dayán, el régimen autoritario se ha consolidado.

El lopezobradorismo, el trumpismo y la crisis de los partidos tradicionales han transformado el rostro de nuestras democracias. Y el futuro de México es cada vez más incierto. La Reforma Judicial, mal pensada y diseñada, aprobada solo para satisfacer la venganza del líder macuspano, traerá consecuencias devastadoras. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara significaba reconocer que los cambios políticos no pueden sepultar la esencia de nuestro pacto político, y que la clase política no puede arrobarse un poder reformador sin límites, sino que debe forzosamente operar dentro de las convenciones democráticas que dan sentido a nuestra nación. Desgraciadamente, terminó siendo enterrada por el bloque del oficialismo anidado en la Corte.

La simulación de que la gente elegirá a los jueces es solo una fachada; en realidad, en las listas estarán los jueces alineados a grupos de poder en Morena, lo que afectará gravemente la imparcialidad de la justicia. Elegir jueces sin preparación aumentará el riesgo de decisiones erróneas en temas que afectan la vida de la gente, como divorcios, problemas laborales o disputas de propiedad, por ejemplo.

El sistema judicial sometido a intereses políticos generará inseguridad para los inversionistas. Sin confianza en la justicia, las empresas reducirán su inversión en el país, lo que afectará el empleo. Trump, aprovechando esta incertidumbre, ya ha amenazado con imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos si Sheinbaum no cierra la frontera a los migrantes y a las drogas. Esta medida, además de ser prácticamente imposible, no resolverá el problema migratorio ni el flujo de drogas.

A pesar de que Sheinbaum ha minimizado las amenazas y hablado de un diálogo respetuoso con Estados Unidos, Trump, con su carácter impredecible, puede infligir un daño enorme a la economía mexicana. Es probable que Sheinbaum pruebe una cucharada de su propio chocolate, puede creer que los dichos del estadounidense no se cristalizaran como muchos en México pensaron sobre la Reforma Judicial, pero la terminó por imponer.

El futuro de México está en vilo, atrapado entre la espada de Trump, con sus amenazas sobre migración y crimen organizado, y la pared erigida por López Obrador y Sheinbaum, que no escuchan ni ven a quienes no piensan como ellos. (Colaboró Fernando Escobar Ayala)

Presidenta de Causa en Común

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