En los últimos meses se han registrado por la Cámara de Diputados y de Senadores, así como por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una serie de iniciativas de reformas que con toda justificación son catalogadas por la ciudadanía, activistas, actores políticos y miembros de organizaciones de la sociedad civil como antidemocráticas. Me refiero a las reformas con cambios constitucionales que dieron pie a la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena y a la iniciativa de reforma electoral del llamado ‘Plan B’.
¿Por qué se dice que estas modificaciones afectan la vida democrática del país? En primer término, porque la (acelerada) militarización que se ha impulsado en este sexenio obedece más a cuestiones políticas que a una voluntad por mejorar la seguridad pública. Si bien la GN fue creada con la finalidad de reducir la violencia del país, en estos casi 4 años no ha dado resultados, además de que carece de objetivos claros que puedan ser monitoreados y evaluados. A pesar del orgullo con el que cada quince días se menciona en conferencias de prensa que la GN cumplió la meta de reclutar más de 128 mil elementos y de haber construido 262 cuarteles en 2022, lo cierto es que la prevención del delito en el ámbito estatal y municipal está en total descuido. Por ejemplo, mientras estos cuarteles han sido construidos con un costo individual estimado en 34 mdp, las policías locales han padecido recortes presupuestales como la desaparición del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG ) durante 2021 y 2022.
Por otra parte, el uso de militares en tareas de seguridad pública representa un riesgo para los derechos humanos, ya que incrementa el riesgo de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los datos del Sistema Nacional de Alerta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos arrojan que, tan solo de enero de 2019 a diciembre de 2022, la SEDENA y la GN acumularon 3,136 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.
Ahora bien, el actual gobierno ha incrementado la presencia y el poder de las Fuerzas Armadas, no solo en tareas de seguridad pública, sino en muchas otras funciones que están fuera de sus ámbitos. Por ejemplo, la titularidad de las delegaciones del Instituto Nacional de Migración, la administración de aduanas, las Administraciones Portuarias, la Agencia Federal de Aviación Civil, la seguridad en aeropuertos y la administración de BIRMEX, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México A.C. están bajo mandos militares, así como algunos puestos directivos de la Administración y Finanzas del ISSSTE y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
El hecho de que haya militares en tareas civiles confirma que, más que para tareas de seguridad y prevención del delito, el uso que se da a los elementos militares tiene intenciones políticas. Por ejemplo, la GN se ha utilizado en la construcción de obras públicas como el Tren Maya , el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la entrega de 1,489 apoyos de la Secretaría del Bienestar, o en tareas de vigilancia en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde se desplegaron 6 mil elementos.
Cabe concluir que el protagonismo de las Fuerzas Armadas no es compatible con un sistema democrático, y que, por el contrario, comienza a desdibujar los límites entre el poder militar y el poder civil. En vísperas de la aprobación legislativa de una contra reforma en materia electoral -que será un hecho decisivo en las elecciones del 2024-, es necesario seguir insistiendo que, en lugar de generar un cambio positivo en el país, dichas reformas propician la destrucción de instituciones, comprometen el ejercicio democrático, el estado de derecho, así como la transparencia y rendición de cuentas.
Le tocará a la Suprema Corte de Justicia dirimir las controversias contra la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena . Este órgano es el único que puede impedir este atropello. Por otra parte, al Congreso le corresponde evitar que la vida democrática del país quede vulnerable con la “descuartización” del INE, y a la SCJN en las leyes aprobadas que considere inconstitucionales. ¿Estarán a la altura de las circunstancias?
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