El futuro de México mucho depende de la voluntad política y la inversión que se realice en favor de la niñez en los siguientes años. No es verdad que nuestro futuro dependa del nearshoring, de tratados o relaciones comerciales, de la explotación de ciertos recursos naturales, no, nuestro futuro depende principalmente del sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes (NNA) que tomarán las riendas del país en poco tiempo y que hoy miles viven en entornos de extrema violencia. A pesar de los avances que habíamos ido construyendo, para el actual Gobierno Federal la niñez le es invisible.
La indiferencia de este gobierno, lo demuestran las drásticas reducciones y cancelaciones de programas y partidas presupuestales dirigidos a la protección y atención de la niñez tales como el seguro popular, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, los comedores comunitarios, el acceso a vacunas, medicamentos, a servicios de salud; en particular, la indolencia que muestran ante las violencias. De hecho, las NNA no fueron parte de ninguno de los 25 proyectos estratégicos que presentó Andrés Manuel López Obrador.
En México el interés por proteger a la población infantil estuvo al menos desde la postrevolución, pues la guerra dejó secuelas graves. Entonces se decía que miles de menores habían muerto y otros habían sido testigos de la atrocidad de la guerra. En ese contexto, en septiembre de 1919 se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para establecer un “día del niño”. Unos años después, el general Álvaro Obregón atendiendo al consejo de José Vasconcelos, titular de su Secretaría de Educación, designó, en 1924, el 30 de abril como Día del Niño.
Sin embargo, 100 años después miles de niños y niñas viven en la misma o en una peor situación que durante la Revolución. La realidad de la niñez en México es hiriente y compleja, marcada por el abuso, la violencia y la pobreza.
Para entender la magnitud del problema y poner solución, es crucial aceptar una realidad vergonzante para cualquier persona y, a partir de ella, desarrollar una estrategia integral de seguridad y prevención con enfoque de derechos, que garantice la protección de NNA ante el incremento de la violencia armada en el país.
Las cifras no mienten. Los datos oficiales revelan que 2,095 menores fueron asesinados de enero a noviembre de 2023; el número de menores registrados como desaparecidos o no localizados alcanzó un máximo histórico en el año 2023 con la cifra desgarradora de 2,116. Los jóvenes reclutados por el crimen organizado se estiman en miles y miles.
Según datos de REDIM, al menos 4 de cada 10 niños y niñas en el país han sufrido algún tipo de abuso sexual. Además, la incidencia de violencia física a NNA en cifras oficiales aumentó 17% entre 2021 y 2022 (de 7,169 a 8,391 casos). En cuanto a la violencia familiar, fueron atendidos en hospitales 22,684 menores en 2022, un aumento de 14.4% respecto a 2021 (de 19,837 a 22,684 casos). Toda esta violencia se suma al estado de indefensión en la que viven los miles de huérfanos por la violencia y el Covid-19.
Un dato adicional, aunque el Presidente no ha logrado impulsar la reforma a efecto de desmantelar el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), su desatención y abandono tiene varios años. Por supuesto no sorprende que, aunque él encabeza este organismo, nunca ha estado en alguna reunión.
Este insolente Presidente se irá en 5 meses, tenemos que actuar para que los niños, niñas y adolescentes crezcan en un entorno seguro y lleno de oportunidades, o tarde o temprano el futuro nos alcanzará y el país sufrirá las consecuencias. (Colaboró René Gerez)