Las organizaciones criminales de México son actores muy poderosos a nivel mundial en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas; según el último reporte sobre drogas de la ONU son los responsables en Latinoamérica de las violencias relacionadas con el narcotráfico provocadas en gran medida por la rivalidad entre estos grupos.
A pesar que en las últimas décadas se han extraditado a los Estados Unidos (EU) a capos de estas organizaciones, han aumentado las violencias, han surgido nuevos liderazgos criminales y sigue el tráfico de drogas rampante. Se ha documentado por décadas, que la política de drogas que nuestros vecinos han impuesto a nivel mundial es una política fallida, que si acaso solo le sirve a sus agencias de seguridad como la DEA y el FBI para negociar más recursos económicos en su Congreso, tener momentos de éxtasis al detener a un capo y hacer creer a su población que trabajan por su salud.
Además, por diversos motivos el apetito de drogas de los consumidores americanos es insaciable y sus autoridades siguen creyendo que el problema está solo afuera de sus fronteras. Esperemos que ahora que el fentanilo desgraciadamente está cobrando miles de vidas en EU y el mundo, se impulse una estrategia distinta.
En México hemos pagado con creces la política fallida contra las drogas. Los grupos criminales se han diversificado al tráfico de personas, la extorsión, el secuestro, el robo de petróleo y la regulación de mercados agrícolas; en los procesos electorales se han apoderado de los gobiernos locales. Todos esto ha generado miles de muertos, desplazamientos forzados y desaparecidos. Además, este intrincado panorama, hace cada día más fácil que los criminales ganen territorios, mientras el Estado mexicano se ve desdibujado.
Todo lo anterior sería inexplicable sin la colusión de políticos y autoridades, como cínicamente le confesó el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya al periodista García Soto: “Pues, mira Salvador, no nos hagamos pendejos. Yo fui y hablé con ellos (los criminales)… les pedi su apoyo”. Esta relación fue confirmada por el propio Zambada en una carta signada días después de su detención o entrega a EU, señalando que fue citado para mediar en el pleito político entre el gobernador Rocha Moya y el político Héctor Melesio Cuén (asesinado el mismo día); agregó que lo acompañaba un comandante de la policía judicial que estaba a su servicio, hoy desaparecido.
Entender la complejidad criminal también requiere salir de la idea que la violencia generada por las organizaciones criminales afecta solo a ellos y ocasionalmente a personas no involucradas. La violencia generada por estos grupos ha afectado a miles de personas directa e indirectamente. Quizás la mayor tragedia es que las víctimas -sean criminales, ciudadanos o fuerzas del estado- son jóvenes de comunidades pobres. Sus muertes, destruyen a sus familias y el tejido social de sus comunidades, pero permanecen invisibles en la opinión pública.
Se estima que la proporción de homicidios asociados con la delincuencia organizada aumentó un 145% entre 2015 y 2022 (Índice de Paz México, 2024). Ante esto, debemos revelarnos y exigir que se detenga la violencia homicida generada por criminales sanguinarios como Zambada y se lleve a juicio a políticos y autoridades coludidas.
Los mexicanos no podemos permitir que el siguiente gobierno continúe con una estrategia fallida, ni que los criminales, sea que se apelliden Zambada, Guzmán o López nos sigan robando la paz.
Pidamos a la presidenta electa Claudia Sheinbaum convoque a un Pacto Nacional con todas las fuerzas políticas y sociales donde se proponga una Política de Seguridad Pública del Estado Mexicano, que sirva para reconciliarnos y caminar juntos para construir un país pacífico.
Presidenta de Causa en Común
