Cuando se creó la Guardia Nacional, hubo cuestionamientos sobre qué harían las Fuerzas Armadas (FA) y qué la Guardia Nacional (GN). Con el tiempo, esta pregunta dejó de tener sentido. En un principio se dijo que la GN, creada con una minoría de policías federales, sería civil. Luego se demostró que no lo sería tanto, y ahora quedó evidenciado que sigue siendo parte de las FA, con un agravante más: ahora son empujadas para asumir cada vez más responsabilidades.
Pase lo que pase en este país, la militarización no se detiene. Todo acontecimiento, sin importar su nivel de gravedad, cae “como anillo al dedo” al gobierno para que continúe militarizando la seguridad pública, o cualquier otra actividad que debería ser civil.
En días pasados, las FA (que agrupa a la GN y a las Secretarías de Defensa Nacional y Marina) dieron auxilio a la población que fue afectada al noreste del país por el huracán Hanna que dejó un saldo de tres personas fallecidas, cuatro más desaparecidas y cuantiosas pérdidas materiales. Las labores de auxilio por parte de las FA ante desastres naturales han sido implementadas en México desde hace varias décadas, por lo que no es de extrañar que ahora, también se incluya a la Guardia.
Pero, además, la militarización ha pasado de asumir como responsabilidad la seguridad pública a tener bajo sus hombros cualquier tipo de actividad civil. A las atribuciones de las FA se han sumado las 43 que se establecieron para la GN con su creación. Dependiendo de las circunstancias, apoyan lo mismo afectaciones por los desastres naturales que la búsqueda de prófugos como sucedió en la Ciudad de México.
En Yucatán apoyaron en el combate al robo en casa habitación. En Oaxaca, realizaron un operativo para tener un regreso a clases seguro, mientras que en Tijuana decomisaron droga. Se incluye también, desde el reparto de libros de texto gratuitos, la entrega de regalos del Día de Reyes, la custodia de algunos personajes, hasta la entrega de bienes y recursos en comunidades, o la participación en tareas de construcción e infraestructura. Desde el combate al robo de combustible, la intervención en el sector salud, hasta el Plan de Desarrollo Fronteras Norte y Sur. A todo lo anterior, se suma que, en días recientes, y pese a ser inconstitucional, el gobierno pasó la gestión de las aduanas terrestres y marítimas a la SEMAR, argumentando que la decisión la tomaba para acabar con la corrupción.
Por supuesto, es importante erradicar la corrupción y la alianza entre criminales, autoridades y empresarios. Nadie puede estar en contra de ello. Lo que resulta desproporcionado es que la solución para acabar con esa complicidad sea que las FA asuman responsabilidades que no les corresponden. En mayo pasado, con la publicación de un decreto, que debió precisar en qué consisten las tareas de seguridad pública de las FA, volvimos a toparnos con un documento deliberadamente ambiguo, discrecional, sin controles y sin plazos. Activistas, investigadores y organizaciones civiles, volvimos a quedar en el mismo punto que hace más de un año, cuando señalamos lo ambiguas que eran las atribuciones de la GN y, por ende, de las FA. Ahora queda en manos de la Corte decidir si el decreto es claro o no. De lo que sí tenemos certeza es que las Fuerzas Armadas están siendo utilizada para atender todo lo que el gobierno no sabe, no puede o no quiere hacer. Si esto no es un abuso del prestigio y de la disciplina de nuestras FA, no sé qué es. Entonces, cabe preguntarnos: ¿Será que el gobierno apuesta por un militarismo exacerbado, en el que las FA son parte de un proyecto político y no de una estrategia de seguridad? Esto sería muy peligroso.
(Colaboró Sara López Cerón).
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMoreraPresidenta de Causa en Común.
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