La relación entre sociedad y gobierno nunca fue tersa, la diferencia es que, en sexenios anteriores a éste, la presión dio fuerza al diálogo y al trabajo conjunto entre gobierno, legisladores y organizaciones civiles lo que contribuyó a mejorar leyes y avanzar en políticas públicas a favor de la seguridad y la justicia.
En el caso de las violencias contra las mujeres, gracias al trabajo de las feministas se dieron avances importantes. Bajo el mandato de Vicente Fox hubo un intenso trabajo con los institutos de las mujeres y en el Gobierno de Felipe Calderón se legisló la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
Si bien la legislación no ha sido suficiente para proteger de forma integral los derechos de las mujeres, habia progresos y la esperanza entre algunos grupos de feministas era que con la llegada del presidente “de izquierda” Andrés Manuel López Obrador, avanzaría más rápido la protección a la mujer. Sin embargo, el presidente opto por ponerlas en el costal de sus múltiples enemigos imaginarios, denostarlas e ignorarlas.
Lo que ha continuado es la inercia en el aumento de las violencias contra las mujeres. En 2021, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) contabilizó 1,004 presuntos feminicidios, lo que representa la cifra más alta desde que iniciaron los registros en 2015.
No obstante, la cifra es mucho mayor, pero las autoridades se niegan a abrir la investigación de todo homicidio violento de una mujer como feminicidio. Por ejemplo, en Michoacán, el SNSP reportó un total de 14 feminicidios en 2020, en contraste con la cifra de más de 190 feminicidios que denunciaron diversos colectivos feministas.
La tipificación del feminicidio se hizo precisamente para que además de visibilizar la forma ex trema de violencia contra las mujeres, tuviera como fin garantizar un seguimiento adecuado para prevenir y sancionar esta problemática. Parafraseando a la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, al resumir los desafíos en materia de feminicidios: “podemos actuar mejor contra aquello que podemos medir”. Entonces, ¿por qué las autoridades federal y estales se niegan a clasificarlos como lo que son?
Veo tres motivaciones posibles: subirían las cifras de los feminicidios, lo cual de forma equivocada las fiscalías consideran que políticamente los desprestigia; los obligaría a poner un presupuesto acorde a la magnitud del problema y los obligaría a revisar la LGAMVLV y en especial las leyes estatales. Esto los llevaría a un diálogo social que muchos gobiernos han evitado en estos últimos cuatro años.
Además, a esta insensibilidad, falta de capacidad y falta de datos confiables, hay que sumarle la revictimización de las familias de las víctimas. Las fiscalías pasaron de la narrativa misógina de que las mujeres provocan a los hombres a una nueva narrativa igual de misógina, que las mujeres se provocan sus propias desgracias. Como en los casos de Lesvy Berlín que "se ahorcó sola con el cable de un teléfono", Mariana Lima que “se suicidó”, Debanhi Escobar que "caminó y cayó sola en un pozo" o el de Luz Raquel que "se encendió fuego sola".
Las fiscalías y los sistemas de justicia criminalizan a las mujeres y encubren feminicidas. A las mujeres las matan ante el silencio cómplice del presidente y gobernadores que no quieren cambiar la dolorosa realidad que viven las mujeres.
A pesar de todos los obstáculos, no perdamos el optimismo, la movilización de las feministas ha conseguido el surgimiento de un cambio cultural. Día a día vemos mayor indignación por los casos que llegan a los medios de comunicación. Esto genera la esperanza que las violencias contra la mujer se conciban cada vez con mayor potencia como un problema social y que la cultura machista pueda cambiar. (Colaboró Carlos Galindo)
