En estos días, mientras las redes están incendiadas por querer discernir quien ganó el debate y el presidente entretiene al país con clases de historia y mantiene su intervención ilegal en el proceso electoral, un tema crucial permanece en las sombras del eclipse: la persistente y devastadora ola de violencia que azota al país. Con los reflectores centrados en las estrategias de campaña y las promesas políticas, es fundamental reconocer que las fuerzas del crimen amenazan con influir de manera determinante en los resultados electorales del 2 de junio.
Ya no hay duda que este sexenio terminará con alrededor de 200 mil homicidios, entre ellos más de 2,400 policías asesinados, además de miles de personas extorsionadas, secuestradas y desaparecidas. Adicionalmente estamos viviendo el proceso electoral más violento en la historia moderna del país. Esto sucede no porque se votará la mayor cantidad de presidencias municipales en un mismo proceso electoral, sino por la proliferación de mercados ilícitos, luchas entre grupos criminales por el territorio y la impunidad rampante.
De acuerdo con Integralia, de septiembre de 2023 a la fecha, se han registrado más de 300 incidentes de violencia política. En el mismo periodo en Causa en Común hemos contabilizamos 24 aspirantes/candidatos políticos asesinados, de estos últimos 18 contendían por la presidencia municipal. Desgraciadamente todo indica que es el comienzo porque está comprobado que el mes anterior a la jornada electoral se registran más o menos el 50% de eventos violentos. Las terribles amenazas e intimidaciones han provocado que las renuncias a candidaturas locales ya se cuentan por decenas.
Esta violencia amenaza con socavar la integridad y la legitimidad del proceso electoral. ¿Cómo podemos hablar de democracia cuando la voluntad popular se ve constreñida por el miedo y la coerción de los grupos criminales? ¿Cómo podemos asegurar elecciones libres y justas cuando los candidatos y funcionarios son víctimas del crimen organizado?
Estos han puesto su foco en los candidatos a las presidencias municipales para seguir ocupando su poder territorial, controlar la seguridad, las finanzas y la obra pública. En las zonas más violentas los criminales atentan contra los candidatos y, debido a la inseguridad, es muy posible que por miedo la gente no saldrá a votar. La violencia política, el financiamiento de campañas, la imposición de candidatos, la movilización o inhibición del voto y la intervención en casillas, determinará en algunos estados los resultados del 2 de junio.
Hasta ahora, los estados de Guerrero, Veracruz, Michoacán y Chiapas encabezan la lista con más víctimas de la violencia. Sin embargo, el ataque fatal contra la candidata de Morena, Gisela Gaytán, en Celaya, Guanajuato, muestra que la violencia electoral está disparada y muy posiblemente los ataques no solo sean en función del control territorial de grupos de crimen organizado sino, como lo señala una línea de investigación, de criminales al interior del partido.
Aunque pareciera una broma de mal gusto, justo al cumplirse una semana del asesinato de la candidata, en la conferencia matutina realizada en Mazatlán, Sinaloa, quizá atolondrado por el eclipse, López Obrador declaró que “hay bastante tranquilidad en el país”. También señaló que “ojalá y no haya violencia, ojalá y nadie pierda la vida”. Ignorando los 24 asesinatos que ya ocurrieron.
Al parecer en este proceso electoral ya no será posible asegurar elecciones libres en todo el país, de lo que tenemos que asegurarnos los ciudadanos (que aún somos libres) es de salir todos a votar con conciencia el 2 de junio, no solo elegiremos a nuestros representantes políticos, sino también el tipo de país en el que queremos y merecemos vivir. (Colaboró René Gerez López)
Presidenta de Causa en Común
