La situación política del país es compleja, y lo que decida la presidenta Claudia Sheinbaum será clave para evitar un colapso jurídico, político y quizá económico. En este contexto, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara en la Suprema Corte busca evitar graves repercusiones de la Reforma Judicial aprobada, promoviendo un diálogo institucional para preservar la autonomía del Poder Judicial y proteger los derechos de los ciudadanos en su vida diaria.
La reforma judicial, tal como fue aprobada, podría tener consecuencias serias para la gente común, afectando la forma en que se imparte la justicia cotidiana. Aquí algunos puntos que muestran cómo podría afectar la vida de las personas:
Aunque pueda sonar democrático, elegir jueces por voto implica que estos deban agradar a partidos, lo cual pone en riesgo la imparcialidad. Así, decisiones que deberían ser justas y equitativas podrían favorecer intereses particulares, afectando la solución de problemas diarios, como conflictos laborales, familiares o penales.
Ser juez requiere conocimiento profundo de la ley, ya que sus decisiones impactan directamente la libertad, patrimonio y seguridad de las personas. Elegir jueces por popularidad y no por competencia aumentaría el riesgo de decisiones erróneas en temas que afectan la vida de la gente, como divorcios, temas laborales y disputas de propiedad.
En la Reforma también se establece que un tribunal de disciplina va a supervisar y, en su caso, sancionar a los jueces si toman decisiones que desagraden al gobierno. En la práctica, esto puede hacer que los jueces teman resolver en favor de los ciudadanos cuando se confrontan con el gobierno. Por ejemplo, si un negocio es clausurado injustamente y el dueño recurre a un juez para reabrirlo, el juez podría sentir presión para fallar en favor de la autoridad, en vez de hacerlo por los derechos de la gente.
En la economía también hay repercusiones. Un sistema judicial sometido a intereses políticos crea inseguridad para empresas nacionales y extranjeras. Sin la confianza de que la justicia sea imparcial, muchas compañías podrían cerrar o no invertir en México, lo que generaría menos empleos, salarios más bajos y precios más altos en productos y servicios.
Además, serán víctimas de sus propias reformas ya que la gente verá a los jueces como políticos, permeando así el desprestigio que carga la política en México. Las personas dejarían de confiar en el sistema judicial para resolver sus problemas. El juez se volvería un brazo del gobierno, incapaz de defender los derechos de la ciudadanía.
La propuesta del ministro González Alcántara intenta frenar estos riesgos. El proyecto reconoce aspectos de la reforma, como la elección de ministros de la Corte, pero invalida la elección de jueces y magistrados de distrito y circuito por voto popular, preservando su independencia. Además, propone eliminar la prohibición de suspensiones en amparos, garantizando la protección de los derechos de las personas ante abusos de autoridad. Si esta propuesta es aprobada por la Corte y respetada por Claudia, se evitaría también un gasto multimillonario que la elección de cientos de jueces representaría, dinero que podría ser usado en problemas apremiantes como salud y educación.
Es importante que, como sociedad, no sigamos pasmados, sino que nos pronunciemos. Defender la independencia judicial es proteger los derechos y libertades de todas y todos los mexicanos. Apostar por un poder judicial capturado y partidizado, por el contrario, es sembrar la semilla del autoritarismo. El proyecto en discusión ofrece la oportunidad de cambiar de rumbo y elegir el camino de la negociación política y la cooperación entre los poderes. (Colaboró René Gerez)
Presidenta de Causa en Común
