Como muchas decisiones que se han tomado en este sexenio, sin diagnóstico previo y sin objetivos, solo por el voluntarismo del Presidente, en 2019 nació uno de sus proyectos insignia: la Guardia Nacional (GN), la cual quedó en la Constitución como una institución civil.
Sin embargo, el Ejecutivo quería que fuera militar. De ahí que en 2022 envío un decreto para que la Sedena asumiera la administración y las funciones orgánicas además de la operación de la GN. Los legisladores de Morena aprobaron sus deseos, violando al artículo 21 constitucional, que establece el carácter civil de las instituciones de seguridad pública.
Esta decisión fue impugnada y en abril de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN) declaro´ la invalidez del decreto presidencial.
En cumplimiento de la sentencia, la Sedena tiene que hacer la transferencia de todas las atribuciones y facultadas de la GN a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Congreso debe reestablecer las normas que quedaron abrogadas, para quedar como se encontraban previamente. La fecha de vencimiento para ejecutar esta sentencia fue el 1 de enero. Han transcurrido 27 días desde que expiró el plazo y las autoridades involucradas no han emitido comunicado alguno, ya sea para informar sobre el cumplimiento de la sentencia o para justificar su incumplimiento.
Al respecto refieren los uniformados que no se ha hecho la transferencia, inclusive el pasado 17 de enero el comandante de la GN ordenó que “con el fin de fortalecer la moral y el sentido de pertenencia” todos los guardias debían aprenderse el himno del Colegio de la Defensa Nacional. Es decir, sin recato alguno violan abiertamente lo ordenado por la SCJN.
A la par de la construcción de este paradigma militar, las policías estatales y municipales se han visto muy afectadas, porque desde el gobierno federal hacen todo lo posible para destruirlas y dejar la GN como la única institución de seguridad viable para el país. Por un lado, los recursos federales para ellas son muy escasos (10 mmdp) mientras que el presupuesto otorgado a la GN es siete veces el otorgado a las policías este año. Asimismo, a muchas policías les han impuesto mandos militares.
Esta situación las ha llevado a debilitarse considerablemente, registrando reportes de cientos de elementos que manifiestan falta de capacitación, de equipamiento, de seguro de vida, etc. Además, están expuestos al abuso castrense y bajas injustificadas.
Pero es válido preguntar ¿a pesar de todo lo anterior, la GN da resultados a los mexicanos? la respuesta es no. En su último informe anual reportan cientos de miles de patrullajes, miles de revisiones de vehículos y operaciones en helicópteros, pero solo pusieron a disposición del Ministerio Público a 3,007 personas, en otras palabras, se requieren miles de patrullajes y recursos para detener a un supuesto criminal. Por el otro lado, hay un dato que revela la verdadera vocación de la GN: detuvieron (dicen “rescatados”) a 177,166 migrantes. Sin duda, una mayor efectividad.
La obsesión del Presidente de militarizar la seguridad pública no garantiza el orden público ni la paz social, con la evidencia se ha demostrado. Después de seis años, lo que tenemos es una institución de seguridad militar que carece de legalidad, objetivos, eficiencia, honestidad y respeto a los derechos humanos.
Es evidente que las Fuerzas Armadas no se encuentran capacitadas para atender responsabilidades de seguridad pu´blica; menos au´n de manera exclusiva, mientras las polici´as del pai´s colapsan. Y menos cuando, además, deben responsabilizarse de los innumerables encargos que el presidente les ha endosado.
Por ello, le pregunto respetuosamente al secretario Luis Crecencio Sandoval, ¿Está usted del lado de la ley, representada en su máxima expresión institucional por la SCJN o también piensa que no le deben salir con eso de que la ley es la ley? (Colaboró René Gerez)
