En estos 4 años de gobierno hemos constatado que el presidente no se detiene ante nada. Su capacidad de destrucción va a la par de su ansia de poder pero su capacidad de construir algo mejor de lo aniquilado es inexistente. Por eso llama la atención que la oposición no aprenda y vuelva a sentarse a la mesa ahora con el delicadísimo tema electoral.
Con el pretexto que todo lo anterior era corrupto (sin evidencias concretas) y su gobierno es honesto (de palabra), acabó con el Seguro Popular y creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), dejando a 15.6 millones de mexicanos sin seguro. Canceló el aeropuerto de Texcoco y creó un aeropuerto en Santa Lucía que después de seis meses de inaugurado maneja escasos 20 vuelos al día, destruyó la Policía Federal y a cambio, violando la Constitución, dividió el Ejército en dos partes. A una de ellas la nombró Guardia Nacional, que a 3 años sigue en la indefinición de su misión y visión, lo cual ha sido inútil para bajar el índice de violencia.
Con los ejemplos anteriores, es una necedad que los partidos de oposición permitan que el presidente toque el Instituto Nacional Electoral (INE).
Al no lograr capturar a nuestro instituto electoral, ni desprestigiarlo a pesar de todas las mentiras en las mañaneras y la reducción de su presupuesto, ahora pretende desaparecerlo.
Tenemos un Instituto que nos ha dado resultados y es la institución civil mejor evaluada por los ciudadanos. Como expresó en días pasados José Woldenberg, “México sí construyó, gracias a sus fuerzas políticas, a movilizaciones sociales, a conflictos diversos, pero también a ocho reformas político electorales, un espacio para que su diversidad pudiera competir y convivir, y eso vale la pena preservarlo”.
Por ello, no existe ninguna razón de peso para abrir la discusión en víspera de la elección presidencial. Encima, el martes pasado, en la Cámara de Diputados se decidió que incluida la iniciativa presidencial se procesarán para su discusión 106 reformas. Es una imprudencia abrir un debate tan amplio cuando el tiempo es corto, el ambiente está polarizado y todos tienen intereses personales que defender.
A pesar de lo dicho por la oposición que procesarán todas estas reformas para ver que es mejor para México, la realidad es, como lo hemos constatado en otras reformas, que Morena no tiene interés de tomar en cuenta a los partidos de oposición. No sobra mencionar la amenaza que lanzó el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, durante una asamblea en Teziutlán, Puebla, “sin la reforma electoral que propuso el Ejecutivo Federal, Morena podría imponer a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral que se deben elegir el próximo año…. y como somos mayoría, podemos ponerlos nosotros". En palabras simples, si no lo pueden destruir, lo que pretenden es cooptarlo.
También es irreflexivo que la oposición abra la discusión a una reforma electoral cuando ya conocen las tácticas mañosas y extorsivas de Morena. Lo acaban de padecer en la pasada votación de la iniciativa para alargar la militarización al 2028, donde todo parece indicar que a algunos legisladores les ofrecieron puestos dentro de Morena, mientras que a otros los amenazaron con sus expedientes por supuestos actos de corrupción.
Es extraño que los que fueron amenazados (o a los que ahora amenacen) no comprendan lo que miles de mexicanos han vivido en carne propia y lo entienden bien. Cuando los amenazan, por ejemplo, con cobro por derecho de piso, si pagan la extorsión, esta seguirá por meses y años. Para los ciudadanos comunes es difícil que encuentren cómo defenderse. Pero en el caso de los políticos es distinto, por lo que parece torpe que no adviertan que votar una o más leyes a favor de Morena no hará que los dejen de perseguir. Deberían asumir las consecuencias de sus actos, si les acreditan delitos que paguen por ellos, pero de no probarles nada quedarían libres de amenazas.
Asumiendo que la oposición tenga la intención genuina de mejorar el proceso electoral, el Ejecutivo tiene claro su objetivo: quiere dinamitar lo que hoy tenemos para crear un nuevo instituto nacional de elecciones. Pero por la experiencia de 4 años de este gobierno, sabemos que el experimento puede salir muy mal. Quiere entre otras cosas, abaratar el costo al eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias; desaparecer a los OPLE’s y los T ribunales Electorales Locales.
Es deshonesto por parte del presidente y su partido querer abaratar la democracia y por otro lado tirar el dinero en obras muchísimo más costosas que no serán redituables para el país, como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto.
Con la defensa al INE no pretendo decir que no debe mejorarse, tiene desde luego áreas de oportunidad que se deben atender, sin embargo, coincido con lo escrito por Ma Amparo Casar hace dos semanas: “Más que ninguna otra, una reforma electoral requiere del consenso cuando no de la cuasi unanimidad de las fuerzas representadas en el Congreso. De la aceptación y conformidad de los partidos con una eventual reforma electoral, depende la legitimidad y el éxito de las elecciones”. No es el momento de abrir la discusión.
Los partidos de oposición a excepción de Movimiento Ciudadano prendieron la fogata al sentarse a negociar, esperemos no terminen quemados como quienes aceptaron en el Senado votar a favor de patear el bote de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 creyendo que el Secretario de Defensa ahora sí les rendiría cuentas y no tardaron ni una semana en toparse con el fuego del engaño.
En lugar de sentarse a negociar una ley electoral, lo que sería responsable es que tanto el INE como los legisladores y los gobernadores diseñaran una estrategia para que el crimen organizado no sea quien decida las elecciones, esto sí es imperativo. Con ello se evitaría que México termine incendiado.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.
