El presidente pretendía pasar a la historia como el transformador moderno de México, sin embargo, el poder que ha ido acumulando sin ningún contrapeso, debilitó o destruyó mucho de lo construido por los mexicanos, sin que su gobierno fuese capaz de crear nada igual o mejor. Bien escribió en 1887 el historiador inglés Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
No se puede afirmar que el presidente sea corrupto en el sentido de tomar dinero público y llevarlo a su bolsillo, pero existen otras formas de corrupción. El jefe del Ejecutivo dejó atrás la esperanza que millones de mexicanos depositaron en él. Prometió más seguridad, más igualdad y mejor economía en los bolsillos. A casi cuatro años de distancia, no está ni cerca de cumplir sus promesas, pero además destruyó las instituciones que podían apoyarlo a cumplirlas.
Seguramente al pensarse a sí mismo todo poderoso, en una mezcla de soberbia, austeridad mal entendida y desconfianza en el gabinete que él eligió, pero al mismo tiempo, sin comprender como manejar la administración pública federal, perdió el sentido de gobernabilidad democrática y prefirió delegarla en manos militares.
Resulta paradójico que, ya sea por miedo de perder poder o por coincidencia en ideales, le ha cedido gran parte del poder civil a las élites de las Fuerzas Armadas (FFAA), en especial a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Para conseguirlo ha violado la Constitución de forma reiterada.
Sin duda el presidente tiene la facultad de emitir decretos (o acuerdos), pero estos deben estar dentro de los límites que mandata la Carta Magna. Sin embargo, su desprecio a la ley y su abuso del poder lo ha llevado a dictar decretos abiertamente inconstitucionales como el que emitió en mayo del 2020, donde evitó especificar de que forma la actuación de las FFAA en tareas de seguridad pública sería limitada en tiempo y lugar, subordinada y complementaria a las policías civiles y los mecanismos de rendición de cuentas.
Es obvio que muchas de sus decisiones se han impugnado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero la lentitud de resolución del máximo tribunal juega en contra de los mexicanos. La impunidad alienta a violar la ley, así sucede con los criminales y sucede también con los gobernantes. Este presidente lo ha hecho de forma reiterada sin costo alguno. En días pasados nuevamente anunció que emitirá otro acuerdo (inconstitucional) ahora para transferir la Guardia Nacional a la SEDENA.
Sobre esto recordemos que el presidente y el secretario de la Defensa desde un principio querían destruir la Policía Federal y que la Guardia Nacional (GN) fuera una institución militar. Lo primero lo lograron. No obstante, les fue imposible conciliar (inclusive al interior de Morena) que la seguridad pública quedara dentro de las FFAA. Por eso quedó como una institución civil, formada por policías federales, soldados y marinos, subordinada al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, al gabinete de seguridad federal no le importó el mandato constitucional y continuaron con su plan de militarizarla; eliminaron a la mayoría de los policías federales, pasaron a los militares a la GN como aviadores (cobran en las FFAA), pusieron en todos los puestos de decisión a mandos castrenses, no prepararon a los integrantes para ser policías y manejan su operación como una cuarta fuerza militar. Sí, lo único que les falta es institucionalizar el despropósito de pasar la administración formalmente a SEDENA.
Para hacerlo, el presidente sabe que tiene tres opciones: la primera, para que sea legal, requiere un cambio al artículo 21 constitucional, donde quede explícito que la seguridad pública también es del ámbito militar. La segunda es pasar la Guardia Nacional a SEDENA (sin modificar la Carta Magna) pero a sabiendas que su función en seguridad pública termina en marzo de 2024 (artículo 5to transitorio de la ley). La primera opción es casi imposible que cuente con los votos y la segunda por lo que comente en el párrafo anterior no está en sus planes.
La última opción es emitir un acuerdo, sabiendo que es inconstitucional pero contando que la SCJN lo mantendrá guardado en el cajón del olvido y que, cuando finalmente emita su fallo, el sexenio habrá terminado, ¿fin de la historia?
No, el problema es de los mexicanos, incluidas las FFAA. De los mexicanos porque nos dejaría sin una Policía Federal y con policías locales muy debilitadas. De las FFAA porque en su capricho por desnaturalizar las funciones de soldados y marinos, por abusar de su lealtad, los ha desgastado y también corrompido. Sus élites aceptaron ser parte de un acuerdo, por decirlo suave, poco institucional y aceptaron funciones y responsabilidades que no estaban dispuestos a cumplir, como lo muestran sus propios resultados.
Durante estos tres años, que se les concedió a las FFAA (incluida la Guardia Nacional) todas las facultades de policías, hemos sido testigos de que no comprenden (ni tienen la intención de entender) la seguridad pública ni las funciones que les fueron concedidas. Esto lo expresa la misma Guardia Nacional en su informe 2021. Señala que la gran mayoría de sus integrantes no cuentan con el Certificado Único Policial, que es obligatorio para toda policía civil; revela también que detuvieron tan solo a 14 presuntos homicidas por investigación durante todo un año, es obvio que no los han preparado para hacerlo.
Ahora bien, si se analizan resultados en delitos federales, como decomiso de drogas (mariguana y cocaína) y armas, las FFAA tuvieron mucho mejores resultados en el sexenio del presidente Felipe Calderón que en el actual. Ciertamente no es por sus buenos resultados que el presidente pretende mover a la Guardia Nacional a la SEDENA. ¿Entonces?
Él, al igual que el secretario de la Defensa saben que la Guardia Nacional solo existe en papel, que administrativamente es un desastre insostenible, por lo cual el siguiente presidente (de Morena o de la oposición) la podrá desaparecer sin necesidad de hacer cambios legales y traer a rendir cuentas a todos los militares responsables. De este modo, aunque el acuerdo sea inconstitucional, no dejará de emitirlo.
A él le interesa mantener el poder político y económico que ha cedido a las élites de las fuerzas armadas, quizás calcula que ellos lo mantendrán en el poder. ¿Hay algo más corrupto que este arreglo?
(Colaboró Angélica Canjura)