México se encuentra en un proceso de erosión democrática debido a la alteración de su frágil Estado de derecho. Un análisis de los cambios legales instruidos desde el Gobierno Federal en los últimos cinco años nos permite concluir que se ha buscado que los principales pilares que sostienen a nuestra democracia -independencia judicial, protección de derechos humanos y un marco legal estable– sean destruidos.
El concepto “Estado de Derecho” es un principio que rige la manera al que todos, empezando por quienes gobiernan, debemos someternos. Son reglas que nos permitan convivir y desarrollarnos como país. Este principio es el que nos debe garantizar que la función de nuestras instituciones respete la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la participación social en la toma de decisiones.
Lograr un Estado de derecho es una tarea complicada y más en un país tan complejo como el nuestro. En México todos los gobernantes de una u otra forma han emprendido algún tipo de embate contra nuestro marco legal; sin embargo, ninguno se había empeñado en pisotear la Constitución como la actual administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
El debilitamiento del Estado de derecho es la receta utilizada en los regímenes autoritarios. El Gobierno Federal ha tomado a la legislación como si fuese opcional, donde el presidente decide respetar o no una ley a conveniencia y justificarse en “no me vengan con el cuento que la ley es la ley”. Es un esfuerzo deliberado por arrollar el sistema político, quitar libertades y derechos, y acumular poder en una persona. Esto es muy delicado, ya que sin Estado de derecho la democracia es una fantasía.
Para dar seguimiento a esta acometida en contra de la ley y el Estado de derecho Causa en Común y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, han construido un registro de las ilegalidades cometidas por el Gobierno Federal (https://www.nexos.com.mx/?p=76553). Este ilegalómetro, se respalda con el fundamento jurídico y el “medio de defensa” correspondiente para cada caso. En el acumulado de enero de 2019 a octubre de 2023 se registran las siguientes ilegalidades: 109 en materia de derechos fundamentales, 129 al orden democrático y 61 al marco económico establecidos en la Constitución y las leyes. Esta serie de actos ilegales da cuenta de la impunidad con la que pueden actuar las autoridades en el ejercicio de gobierno.
Como ejemplo, cuando de las FFAA se trata, la Constitución es clara: establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Sin embargo, como muestra el registro, durante este 2023 se les favoreció aún más con la adjudicación de obras públicas y la transferencia de facultades y atribuciones que no les corresponden. Se publicaron distintas reformas para dar a la Sedena la operación del Tren Maya, al igual que la Aerolínea del Estado Mexicano;
así mismo, se facultó a esa secretaría para recibir un porcentaje de lo generado por ingresos en materia de turismo. Tambiénse transfirió el mando de dos aeropuertos más (15 en total), el de Toluca y el de la CDMX a la Marina. El gobierno ha optado por una política de fortalecimiento de las FFAA en debilitamiento de las autoridades civiles violando la Constitución.
El registro elaborado acredita esta voluntad de poder caracterizada por la arbitrariedad y el abuso. El presidente ha sido constante en destruir a las instituciones, en aras de una creciente concentración del poder, una obsesión por la cual el país está pagando un precio inconmensurable, en términos de muertos, de criminalidad, de enfermos sin atender, de alumnos sin educar y de libertades sin ejercer.