A inicios de semana se tuvo noticia de eventos que demuestran la impunidad y la negligencia que hubo en el colapso de un tramo de la Línea 12 del metro ocurrido el 3 de mayo de 2021. A un año se esa lamentable tragedia, la Jefa de Gobierno apostó por la opacidad y se negó a informar los resultados del tercer informe elaborado por DNV. Además de tratar de ocultarlo, quiso también desacreditarlo. Sin embargo, ante la exclusiva del diario español El País que dio a conocer el informe final de la consultora noruega, no le quedó otra al gobierno capitalino que salir a informar a medias, dejando claro por qué tanto interés en rechazar las conclusiones. El dictamen de DNV sobre la causa raíz que generó el derrumbe de la “línea dorada”, reveló cuatro aspectos para entender como una supuesta megaobra que buscaba mejorar la movilidad de los capitalinos, y a la que se invirtieron 24 mil millones de pesos, derivó en la muerte de 26 personas y dejó cientos de heridos. Entre las causas subyacentes del desplome se señala un diseño lejos de las referencias mundiales en construcción de puentes; deficiencias y cambios en la construcción; así como la falta de inspección y de mantenimiento adecuada a la estructura ferroviaria.
El incidente del metro fue una tragedia anunciada desde el cierre a pocos días de su inauguración; y si bien involucra gobiernos anteriores -que datan de 2006 a 2012, y de 2012 a 2018-, la actual administración de la capital tiene una gran responsabilidad dentro de las fallas de mantenimiento y supervisión. En este sentido, se podría agregar que el recorte presupuestal -guiado bajo el principio de austeridad implementado por el Presidente de la República- jugó un papel importante en el desenlace de este evento.
Desde 2019 se tiene registro de que año con año ha habido una disminución al presupuesto destinado al Sistema de Transporte Colectivo Metro ( STCM ), que de 17 mil millones de pesos asignados el primer año, descendió a 15 mil 652 millones de pesos en 2020, pero en realidad el gasto ejercido fue de 14 mil 290 millones de pesos.1 Paradójicamente -y cerca de tiempos electorales- la cifra invertida a publicidad para promover el gobierno capitalino el presente año asciende a 400 millones de pesos en 2022.2
A los pocos días del desplome del tramo elevado del metro, las predicciones apuntaban a que el suceso quedaría en la impunidad debido al favoritismo del Presidente sobre dos de los funcionarios en los que se involucra la responsabilidad de dicho evento. La respuesta negativa por parte de la gobernadora de la capital frente al dictamen de la consultora –a quien amenazó con demandar por violaciones al contrato y por un supuesto conflicto de interés- nos hace vislumbrar que dichas predicciones no estaban equivocadas.
La impunidad que permea este trágico evento, sostenida en una austeridad negligente, arroja una serie de dudas que llevan a pensar con cautela el manejo de la construcción de obras de la actual administración. Así como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ) es una demostración del poder militar, una obra insignia y simbólica del actual gobierno, la tragedia ocurrida en la Línea 12 del metro, es un símbolo de corrupción y de impunidad de la misma. Ante esto no solo presenciamos el derrumbe de una sección del sistema de transporte colectivo con miles de usuarios. Diariamente presenciamos el desmoronamiento del país con estrategias y políticas que, en la esfera del discurso podrían sonar favorecedoras, pero que en la práctica y en la búsqueda de bienestar y justicia arrojan millones de víctimas, cuyas tragedias permanecen en la impunidad.
(Colaboró Estefanía López Mendoza)
1 Yared de la Rosa, “El presupuesto del metro disminuye año con año”, en https://www.forbes.com.mx/el-presupuesto-del-metro-disminuye-ano-con-ano/
2 Vicente Arango, “¿Y la austeridad Claudia Sheinbaum?”, en https://lasillarota.com/opinion/columnas/y-la-austeridad-claudia-sheinbaum/593854
