La filtración de audios relacionados con el injusto encarcelamiento de Alejandra Cuevas, acusada por un supuesto homicidio por omisión del hermano de Alejandro Gertz Manero, debe preocuparnos. Una vez más, el actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR) ha demostrado ser incapaz de estar al frente de un organismo encargado de la impartición de justicia. En sus tres años de carrera, el fiscal se ha distinguido por la falta de solidaridad con las víctimas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos, por abuso de autoridad y por usar la Fiscalía para su provecho y el del presidente.
Con el fiscal general todo ha estado mal desde su nombramiento. Su elección fue producto de un proceso opaco y político, donde no se garantizó la autonomía. Ese pecado lo estamos sufriendo hoy, con sus decisiones. Además, a la fecha no se ha presentado el Plan de Persecución Penal —requisito establecido por la ley orgánica— que explique las acciones, los objetivos y la metodología a seguir en la procuración de justicia. Tampoco ha creado el Consejo Ciudadano que evaluaría y monitorearía el cumplimiento del actuar de la fiscalía.
Los casi cuatro minutos de la conversación telefónica que Gertz mantuvo con Juan Ramos López —fiscal especial de control competencial—, son suficientes para mostrar que el objetivo de la FGR no es reparar el daño a las víctimas, sino satisfacer la venganza y el rencor personal del titular de esta dependencia. Este hecho terminó por evidenciar la falta de imparcialidad y abuso de poder del organismo en cuestión. También muestra la participación del abogado Víctor Olea, quien hoy funge como primer vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados y que presidiría esa institución en 2023. Ojalá sea un homónimo, porque de lo contrario sería una pena para el gremio, ya que en los audios se deduce que es él quien gestionó las peticiones del fiscal ante la SCJN.
Por tales motivos, no debemos esperar ni un minuto más para exigir la salida de un fiscal que viola los mandatos de la ley. Durante el mando de Gertz se habla de un retroceso en donde permanecen en la impunidad casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos o las diversas masacres que han dejado cientos de víctimas sin que se abra algún proceso de investigación.
Frente a la filtración de audios, Gertz únicamente respondió que se trata de una “extorsión mediática”, de un “linchamiento” en su contra. Sin embargo, sigue sin darnos una explicación de la influencia que ha ejercido para que Alejandra Cuevas lleve más de 500 días en prisión o de la impunidad de los delitos cometidos contra periodistas que suman 151 en este sexenio y que han sido denunciados ante la FGR es de 98%. (Colectivo vs. la impunidemia, Fiscalómetro, 2021). Lo que causa aún más sorpresa es la postura del presidente, quien ha salido en defensa del fiscal, enfatizando que se trata de un asunto personal en onde se busca hacer justicia.
¿No tenemos razones suficientes para afirmar que la ciudadanía, la impartición de justicia y el Estado de derecho corren un grave riesgo si Gertz continúa bajo el mando de la FGR y bajo el cobijo del Poder Ejecutivo? Una opción viable para la ciudadanía es la exigencia de un juicio político con base en el artículo 111 constitucional, el cual dicta proceder penalmente en contra de actores políticos encargados de la impartición de justicia por la comisión de delitos durante su cargo. Esta es la posibilidad que debemos alentar como miembros de la sociedad civil: exigir un juicio político en contra del titular de la FGR, en uno de los tantos episodios de injusticia y abuso de autoridad que hemos presenciado a lo largo de los últimos años.
Colaboró Estefanía López Mendoza
Presidenta de Causa en Común
