La decisión de publicar cifras oficiales sobre la incidencia de delitos en México y actualizarlas mensualmente, respondió a la exigencia social de contar con datos que permitieran dimensionar la crisis de inseguridad que se vivía en el país –y que aún sufrimos– y que sirvieran para evaluar las estrategias gubernamentales en la materia. Esta decisión sólo ocurrió después de que varios medios de comunicación, especialmente los periódicos, comenzaran a publicar sus propios conteos de personas asesinadas en el marco de la “guerra contra el narco”, comúnmente referidos como “ejecutómetros”.
El gobierno de aquella época ofreció una respuesta jurídico-política a esta exigencia social: serían las procuradurías (ahora fiscalías) las encargadas de suministrar cada mes las cifras sobre la incidencia delictiva en México. Se argumentó entonces que, esta respuesta era acorde a las leyes pues el Ministerio Público (MP) era la única autoridad facultada para calificar si una acción constituía, o no, un delito. Sin embargo, esta solución representaba también una gran ventaja política: al publicar los datos de las procuradurías, sin cotejar otras fuentes ni incluir mecanismos de supervisión, las cifras oficiales no necesariamente reflejaban lo que estaba sucediendo en el país, pues pasaban por diversos tamices, desde el político en el que no se reconocía la gravedad de un problema, hasta la falta de capacitación en el que los MP no catalogaban adecuadamente un delito.
Así pues, el Poder Ejecutivo se convertía en juez y parte, por un lado, daban a conocer las cifras del delito que les conviniera y por otro, les tocaba diseñar e implementar las estrategias de seguridad.
Desde finales del siglo pasado se han publicado estudios sobre la cifra negra delictiva en México. Para finales de la primera década de este siglo ya era bien sabido que la gran mayoría de los delitos no se denuncian ante el MP y que los pocos que sí se denuncian, no son investigados (ver por ejemplo https://bit.ly/39XCu4y ). Tan es así que Guillermo Zepeda, muy acertadamente, se refirió a la averiguación previa (ahora carpeta de investigación) como “el corazón de la impunidad en México”. Y fue precisamente ese “corazón de la impunidad” la base elegida para construir las estadísticas oficiales de incidencia delictiva.
Los políticos que posteriormente llegaron al gobierno, a pesar de sus promesas de actuar diferente ante la inseguridad, entendieron rápidamente la ventaja de mantener y manipular la estadística delictiva lo más baja posible y dentro de su ámbito de control era lo más conveniente. Así, a pesar de las exigencias de la sociedad civil organizada y de diversos estudios que muestran errores e inconsistencias en las cifras oficiales, los gobiernos en turno las siguen usando para afirmar que sus estrategias sí funcionan y que, a diferencia de los de antes, ahora sí se está atendiendo el problema.
Sólo por mencionar el ejemplo de casa, en Causa en Común documentamos las anomalías que encontramos en estas cifras de 2019 a 2021 ( https://bit.ly/3LOEDNa ). Pero no somos los únicos, varias organizaciones hermanas y analistas han denunciado, por muchos años, los errores y las prácticas de manipulación que derivan en la reducción de los delitos más llamativos y en la falaz invención de tendencias a la baja. Un truco común, usado frecuentemente por la actual administración, consiste en cambiar los puntos de referencia para mostrar, independientemente de las cifras que resulten cada mes, supuestas disminuciones de la incidencia delictiva a nivel nacional.
Si un gobierno no es capaz de entender el tamaño del problema, difícilmente podrá responder asertivamente y con políticas para cambiar las tendencias. Ya Mark Twain nos advirtió que: “Hay tres tipos de mentiras: mentiras, grandes mentiras y estadísticas”.
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