Desde que inició el actual gobierno federal, se ha registrado una disputa entre Andrés López Obrador y las organizaciones de la sociedad civil. La última lucha fue cuando el presidente atacó al Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que la sociedad civil defendió a la institución que asegura nuestra democracia. El Presidente presentó una propuesta de reforma constitucional que buscaba restarle autonomía al INE; en respuesta, organizaciones se movilizaron en las calles y ejercieron presión para que se rechazara la propuesta.
La reforma constitucional fue detenida, pero el gobierno utilizó su mayoría para realizar una reforma que mermara las capacidades del INE, el llamado Plan B. Esta reforma estuvo plagada de irregularidades en su aprobación, pero, lo más preocupante, fue que su contenido contravenía los preceptos constitucionales que garantizan una institución autónoma, profesional y capaz de conducir los procesos electorales.
La reforma fue aprobada en dos momentos. La primera parte ya fue desechada por la Suprema Corte debido a violaciones durante el proceso legislativo. Sobre la segunda parte, se admitió la controversia constitucional presentada por el INE y se concedió la suspensión para que se mantengan vigentes las disposiciones previas a la reforma, mientras se define su constitucionalidad.
¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil para contribuir a la defensa del INE en esta etapa del proceso? Diversas organizaciones, de la mano de reconocidos juristas, hemos elaborado dos Amicus Curiae para brindar elementos de análisis que la Corte debería tomar en cuenta. Un Amicus Curiae es un instrumento jurídico mediante el que terceros, no involucrados directamente en un litigio, presentan argumentos que les parecen relevantes para que el tribunal encargado los considere.
El primero de los Amicus busca que se mantenga la suspensión; esto es, que la norma no entre en vigor hasta que se decida sobre su constitucionalidad. Desde la sociedad civil defendemos que la implementación de la reforma, aunque fuera anulada posteriormente, ocasionaría violaciones irreparables: el despido de personal técnico esencial para el desarrollo electoral, la violación a los derechos laborales del personal del servicio profesional o la extinción de fideicomisos que permiten el funcionamiento administrativo de la institución. Todo ello generaría impactos en nuestros derechos electorales.
El segundo Amicus es sobre el fondo del asunto. En él, defendemos que la reforma debe ser desechada por las violaciones cometidas en el proceso legislativo y la falta de una consulta previa a los grupos vulnerables que ven afectados sus derechos. Además, desarrollamos las afectaciones que la implementación de diferentes medidas tendría en los derechos de los ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones electorales. Por ejemplo, el desmantelamiento del servicio profesional y la eliminación de las unidades técnicas afectaría el mandato constitucional de que el INE cuente con personal profesional y calificado para ejercer sus atribuciones. El Plan B también reduce la capacidad de fiscalizar a los partidos y candidatos, vulnerando los principios de legalidad, equidad y rendición de cuentas, así como los derechos de las militancias. Igualmente reduce la capacidad de sanción del INE, desvinculando la actuación de los partidos del control de las autoridades electorales, dejando a militantes y ciudadanos desamparados. En suma, ofrecemos argumentos sobre cómo el Plan B atenta contra la operatividad del aparato electoral, la paridad y la competencia justa.
Si eres parte de una organización de la sociedad civil y quieres conocer y apoyar estos instrumentos, puedes hacerlo a través de la página https://yodefiendolademocracia.mx. Es el momento de unirnos para detener la parte más peligrosa del Plan B; defendamos cuantas veces sea necesario nuestra democracia frente a la amenaza del autoritarismo. (Colaboró Alejandro Vázquez)
