A 50 años de la implementación de una política prohibicionista, con un enfoque de guerra contra las drogas, es evidente el fracaso en sus objetivos: erradicar la producción, el tráfico de drogas y aniquilar a los cárteles del narcotráfico, para evitar que los estadounidenses abusen de las drogas. Además, para los países productores y de tránsito como México y Colombia las consecuencias negativas han recaído sobre la economía, el desarrollo, el medio ambiente y la salud pública; han crecido las violencias, la inseguridad y la corrupción.
Con el objetivo de replantear una nueva política de drogas, los presidentes Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador convocaron a la “Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas: para la vida, la paz y el desarrollo”, misma que tuvo lugar a finales de la semana pasada en Colombia.
En definitiva, existe un gran consenso sobre la necesidad de replantear la política actual respecto a las drogas, sin embargo, sigue sin haber una decisión política de entrar en una revisión de los tratados internacionales en la materia, de poner en la mesa otras alternativas y de querer impulsar políticas distintas, por lo que los acuerdos se quedaron en generalidades y buenos deseos.
El debate sobre las drogas se polariza entre las posturas de los “guerreros contra las drogas” vs. los “legalizadores libertarios”, pero resulta absurdo y no permite llegar a un consenso que, al final, atienda el problema. En el espectro entre estas dos posturas existen un abanico de opciones.
Y no está de más aclarar que no existen “soluciones mágicas” ni “receta única para todos”. Hay ejemplos de políticas alternativas implementadas por otros países, pero cada Estado tiene el reto de enfrentar las variables particulares de su país y de la región. Colombia y México estarían obligados, por los daños a su población y a las instituciones que ha provocado la prohibición, a plantear un nuevo esquema, pero no lo hicieron.
El mensaje del presidente de México fue contradictorio, por un lado, llegó acompañado por los Secretarios de la Sedena y de la Marina, pero por el otro dijo “no debemos optar por el uso de la fuerza, no a la guerra”. Habló también de que “la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo… y estar bien con el prójimo”. Les recetó un discurso moralista que nada tiene que ver con su estrategia militarista y de “dejar hacer y dejar pasar”, combinación que ha elevado el poder de los carteles de la droga y las violencias.
Durante 5 décadas, y principalmente en los últimos tres sexenios, hemos constatado que la política prohibicionista ha fracasado, hemos constatado que por la debilidad del estado de Derecho y la fragilidad de las fiscalías, policías y militares, es imposible que se tenga éxito.
Entonces, probar la regulación legal de los mercados de drogas debía ser de sentido común para cortar las rentas del mercado negro y gestionar más eficientemente el fenómeno criminal. Basados en la experiencia que ya tienen algunos países, la regulación no tendría que ser la misma para la mariguana y la cocaína, por citar un ejemplo, pero es urgente iniciar un enfoque distinto.
Y que nuestros recursos de seguridad y justicia se utilicen en atender los delitos violentos y perseguir drogas sintéticas como en fentanilo, no en criminalizar productores y consumidores de drogas que matan a un mínimo de personas comparadas con la violencia generalizada que han provocado. La regulación permitiría establecer prioridades y objetivos realistas orientados a mejorar la salud, reducir la criminalidad, optimizar el gasto y garantizar los derechos humanos.
Colaboró René Gerez
