El pasado fin de semana, la votación de la iniciativa de Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados en San Lázaro marcó un hecho de gran importancia para la nación y la vida democrática del país. Al obtener un resultado de 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones, dicha reforma tuvo que ser descartada por no alcanzar la mayoría calificada de las dos terceras partes requeridas para su aprobación. Más allá del resultado y del contenido de dicha ley, la importancia de esta votación radica en que después de 3 años de contar con un gobierno que ejercía un control casi absoluto en la Cámara, finalmente la oposición —elemento vital para la democracia y el desarrollo de acciones que conduzcan al bienestar del país— mostró presencia en este terreno.
Por el contrario, para el Presidente de la República los hechos ocurridos el pasado 17 de abril fueron vistos como una vergonzosa y lamentable traición a México, por parte de los legisladores y diputados que votaron en contra de su reforma. Una vez más, no es de sorprender que el Presidente muestre rechazo cuando se enfrenta a resultados que son desfavorecedores para él. Esta negación es más que visible en el recurso a cierto tipo de lenguaje —que involucra términos como traición, manipulación, fraude electoral, conservadurismo, vendepatrias, etc.—, que ha sido una constante a lo largo de su trayectoria política.
Ni el Presidente ni su partido tienen la humildad de aceptar que fue la ciudadanía quien, en las elecciones intermedias del 2021, eligieron la composición de la Cámara de Diputados. Fue la gente quien decidió quitarle al mandatario el poder plenipotenciario y absoluto que tenía. Entonces cuando el Presidente habla de “traidores a la patria” no lo está diciendo a los diputados de la oposición, se los está gritando a los millones de mexicanos que votaron por un cambio.
En el caso de la Reforma Eléctrica, a inicios de semana el ejecutivo del país mencionó un plan B, de un “blindaje frente a la traición” que consiste en la presentación de una iniciativa de reforma a la Ley Minera que busca la “nacionalización” del litio. Dicha iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados con un resultado de 275 votos a favor, en donde no fue necesaria la mayoría calificada. Es de sorprender que, a tan sólo 48 horas del desenlace de la Reforma Eléctrica, se haya aprobado con premura y poco análisis la ley para dictar la explotación y aprovechamiento nacional del litio. Esto revela que más que un recurso técnico, la reforma a la Ley Minera en realidad es una maniobra política que simula una protección nacionalista de un recurso que ya formaba parte de la nación.
En las próximas semanas se avecina la aprobación de una serie de iniciativas de reformas constitucionales, a saber, la reforma en materia electoral que busca la destrucción del Instituto Nacional Electoral y la ley para incorporar la Guardia Nacional orgánicamente a las Fuerzas Armadas. Ante los hechos ocurridos con la Reforma Eléctrica, resta esperar que en futuras ocasiones haya una aceptación digna de los resultados obtenidos en ejercicios democráticos; es decir, debemos esperar que haya un entendimiento adecuado acerca del valor del disenso que representa la oposición. Pero también debemos esperar que la oposición esté a la altura del reto, que no se deje presionar, que no sucumba a las tentaciones o a los expedientes de la Fiscalía o de la UIF.
En un país democrático, la legitimidad del disenso, la búsqueda de rendición de cuentas de las decisiones gubernamentales, así como las diversas posturas e intereses forman parte de una vida desde la pluralidad. Al no entender el valor que representa la oposición, el mandato presidencial pretende ser un poder autoritario y absoluto, pretensión ridícula para un gran país con la complejidad de nuestro México. (Colaboró Estefanía López Mendoza)