A inicios de semana se dio a conocer la decisión del Juez Primero de Distrito de Yucatán, de suspender indefinidamente el tramo 5 del Tren Maya, luego de que el 19 de abril se otorgara una suspensión provisional debido a los amparos promovidos a través de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano. Si bien el fallo de la corte demanda el paro de la construcción que implica la devastación de 485 hectáreas de selva virgen en la zona sur del país, se ha documentado que la obra del Tren Maya continúa desarrollándose.
Tras reiteradas ocasiones en que han sido emitidas suspensiones a la obra —todas ellas justificadas en la falta de estudios de impacto ambiental de esta construcción—, es claro que hay una cuestión de daño ecológico que las autoridades no están atendiendo. Por el contrario, las instituciones ignoran las críticas de destrucción al medio ambiente.
Esta falta de interés institucional se manifiesta también en la postura del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que a través de un comunicado expresó que las obras del Tren Maya continuarán hasta que la Manifestación de Impacto Ambiental se resuelva en la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat).
Cabe mencionar que la construcción del Tren Maya forma parte de uno de tantos ejemplos que ponen en riesgo la integridad del medio ambiente. En lo que va del sexenio, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se tiene registro de, al menos, 4 mil 106 delitos contra el ambiente y la gestión ambiental; no sobra decir que los delitos ambientales como el tráfico de especies y la tala clandestina se ubican en el cuarto sitio de rentabilidad para el crimen organizado, después de las drogas, el trafico de armas y la trata de personas. Esperamos que no sea a estos criminales a los que el gobierno les este sumando rentabilidad con la tala de miles y miles de árboles por esta obra.
A la violación sistemática de las leyes de parte de algunos actores que consideran que la regulación se hizo para que otros la cumplan, se suma la estigmatización y asesinato de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental señala que en el año 2021 se registraron 25 asesinatos y al menos 238 agresiones en contra de defensores ambientales.
Y basta comparar la rapidez con la que los Mecanismos de Impacto Ambiental son resueltos por la Semarnat, cuando son obras del gobierno federal, frente a la impunidad en que son abandonados los delitos ambientales y los asesinatos contra activistas ambientales. Por otra parte, el aumento presupuestal destinado a la construcción del Tren Maya —que, de 36 mil 288 MDP asignados en 2021 ascendió a 62 mil 942 MDP para 2022, contrasta de gran manera con el recorte presupuestal que año con año se destina a dependencias del sector ambiental como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que sufrió un recorte del 75% en 2020.
El Tren Maya es parte de un conjunto de mega obras de la actual administración que resaltan más por el simbolismo político, que por el beneficio al medio ambiente y a la población. Frente a estos hechos y al momento crucial que atraviesa el medio ambiente, es necesario insistir en lo desalentador que resulta que sea el mismo Presidente quien viole la ley. Los ciudadanos debemos también insistir en promover acciones efectivas de protección que no dejen en la impunidad los delitos ambientales que ocurren en el país, en especial los que la misma autoridad fomenta y comete. (Colaboró Estefanía López Mendoza)
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