Rigoberta Menchú señaló que la democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos; es una condición que sólo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. La sociedad civil organizada surge como una respuesta a la indiferencia o incapacidad de los gobiernos. Representa la vía activa de participación de la ciudadanía en la vida política, además del voto y tiene su origen desde la época de la conquista. Desde entonces, la sociedad civil ha ido evolucionando a la par de los eventos que han marcado al país, como los terremotos de 1985, la apertura democrática de 88 al 99 y la crisis humanitaria por las políticas militaristas a partir de 2007. Todos estos hechos comparten una realidad: evidenciaron las deficiencias del gobierno para responder a las necesidades de la población; representaron y dieron voz a la gota que derramó el vaso de indignación por la ineptitud y el rebase institucional mostrados.
El presidente López Obrador ha dicho en distintos tonos y foros que desconfía de la sociedad civil y le da tratamiento de adversario político. Su primer acto ejecutivo fue la cancelación del financiamiento público a las OSC. En 2020 anunció la desaparición del programa del Instituto Nacional de Desarrollo Social que había financiado a las OSC por más de 26 años. De igual forma acusó a las OSC de recibir dinero del gobierno de Estados Unidos para movilizarse, con lo que se tensó la relación con organismos financiadores internacionales, a la par que se endurecieron los lineamientos para recibir apoyos. El tiro de gracia es la aprobación de la reforma al artículo 151 de Ley de ISR, que afectará el trabajo ciudadano en favor de la población más vulnerable.
Esta disposición modifica el tope de deducción de gastos de las personas físicas, que se dividía en dos rubros, gastos educativos, médicos, funerarios, intereses hipotecarios, y donativos y aportaciones extraordinarias al fondo para el retiro; y que ahora pasa a un solo rubro de deducción con el mismo tope de 163 mil pesos, lo que representa un desincentivo a la donación. Esta medida afectará a 5,073 OSC de todo el país que recibe donativos de personas físicas.
Además de la afectación de la población atendida por las OSC, esta medida promueve la informalidad fiscal de las OSC y también de las personas físicas, lo que se suma a los recursos federales perdidos en 2019. No menos importante es señalar que las instituciones sin fines de lucro, representan el 1.37% del PIB, emplean a más de 1.1 millones de personas, y tienen mucho más en trabajo voluntario.
Las organizaciones de la sociedad civil no son una moda ni producto del neoliberalismo, ni parte de la mafia del poder. Por el contrario, la presencia de la sociedad civil organizada ha sido una constante en la vida de nuestro país y lo novedoso son las condiciones que atentan contra sus medios de subsistencia, que la acorralan bajo el discurso de la omnipotencia del gobierno y la idea de que las deducciones de donativos benefician maliciosamente a las personas más ricas; es decir, parece más una medida revanchista y de temor a la ciudadanía organizada que exhibe la ignorancia no solo del ejecutivo, sino del SAT y de los diputados que permitieron este atropello.
Necesitamos remontar el ambiente polarizado, retomar la confianza entre nosotros, evitar que las fracturas entre formas de pensamiento nos sigan alejando. Todas y todos debemos asumir un compromiso basado en la confianza y el pleno respeto a la diferencia para trabajar por México y todos debemos participar, porque sin ello, ningún proyecto de cambio para la nación será posible.
(*Colaboró Angélica Canjura)