Mañana millones de mexicanos saldrán a votar, muchos con la fortuna de hacerlo libremente, pero otros no podrán hacerlo debido a que el crimen organizado ya decidió por ellos, amenazando o matando a sus candidatos o candidatas. La delincuencia también movilizará el voto como sucedió en 2021.

Hace casi 6 años, el 1ero de julio, millones de mexicanos votaron por López Obrador con la esperanza que cumpliría su promesa de pacificar el país. Sin embargo, expiró su sexenio y dejó un país mucho más violento. Nunca comprendió que la politica criminal no es lineal ni simplista como él imagina. Quizá por esto partió de tres premisas equivocadas que ha mantenido durante el sexenio.

La primera es que la pobreza genera violencia. Este principio se cae simplemente viendo un mapa del país donde el norte es mucho más rico, pero también más violento que el sur. Además, sin despreciar los programas sociales que pudieron ser útiles para disminuir la pobreza, no fueron eficaces para disuadir a los jóvenes de ingresar a las filas criminales, ni para evitar que a muchos jóvenes los reclutaran de manera forzada.

Segunda, que tan solo con la presencia de militares sin el uso de la fuerza legítima del Estado, era suficiente para disuadir a los criminales. López Obrador tiene la creencia que llegando a acuerdos con grupos criminales estos dejarían la violencia, pero se topó con pared. Posiblemente su asesor Epigmenio Ibarra le regaló sus narco series, donde un puñado de cárteles de la droga acuerdan con unos cuantos personajes en el poder. Hoy está documentada la existencia de más de 170 grupos (AC Consultores) que se saben fuertes, impunes y protegidos por la empatía que el presidente les ha mostrado. Encima de esto, las drogas ya no fue el único negocio de los cárteles, sino que se diversificaron para tener más recursos, más control y más poder. De ahí que también cobran por derecho de piso, asaltan en carreteras, trafican migrantes o realizan huachicoleo.

Tercera, creer que centralizar la fuerza del Estado en un solo hombre, en él, como jefe de las Fuerzas Armadas le permitiría pacificar el país. Con toda su perversidad destruyó la Policía Federal (para evitar la vuelta atrás) y debilitó a las policías locales. A cambio hizo una Guardia Nacional que cuenta con 128 mil elementos, pero tiene menos resultados (según sus propias cifras) que una policía municipal con 800 elementos. Se volcó además a darles a las FFAA, todo tipo de responsabilidades distintas a las de seguridad pública, hoy tienen al menos 258 atribuciones civiles. A cambio les regaló empresas y miles de contratos en todos sus proyectos prioritarios. Además de un presupuesto que en conjunto (SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional) supera los 380 mmdp para este año y un fideicomiso multimillonario. Todo sin un ápice de transparencia ni rendición de cuentas. Una militarización tan extendida como onerosa, inútil y peligrosa

Estos principios equivocados, condujeron a los resultados más violentos en la historia del país, con 188,445 homicidios/feminicidios; se calculan más de 400 mil personas internamente desplazadas; y casi 50 mil personas desaparecidas y no localizadas, miles más que en el sexenio anterior. Pero ojo, además de las violencias generadas por el crimen organizado, están las generadas por la sociedad que se ha vuelta más violenta y polarizada.

Lo que más duele del legado del Presidente y su grupo político es que mientras las víctimas y sus familias son menospreciadas, a los criminales los han colmado de obsesivos apapachos. Nunca antes un gobierno había manifestado su predilección política por los grupos criminales y su rechazó a cumplir con la responsabilidad de proteger a los ciudadanos.

Esta es la bomba que entregará a la primera presidenta de México y esa, la seguridad, es el mayor y más escandaloso fracaso de este gobierno. (Colaboró René Gerez)

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