A días de concluir el sexenio, es evidente que López Obrador ejecutó un plan deliberado y estructurado para destruir la democracia e imponer un régimen autocrático. Las distracciones que marcaron su gobierno no fueron casuales: fueron cortinas de humo para desviar la atención de los cambios profundos que se estaban gestando, y que ahora culminan en una realidad aterradora.

En el último mes, se aprobaron cuatro reformas que cambiarán por completo el país por el que muchos ciudadanos, académicos, activistas y organizaciones civiles han luchado. La Reforma Judicial elimina la carrera judicial, politiza la justicia y desmantela la imparcialidad del sistema. Simultáneamente, se consolidó la militarización del país, entregando a las Fuerzas Armadas el control de los espacios marítimos, aéreos y terrestres, y ampliando su influencia en áreas civiles.

También están en puerta la ampliación de la Prisión Preventiva Oficiosa a otros delitos como la defraudación fiscal, una herramienta de represión que será usada para silenciar a empresarios críticos del régimen, y la inminente desaparición del INAI, el órgano que garantiza el derecho a la información pública. Con estas reformas, el Presidente ha culminado su asalto a la democracia, dejando al país en manos solo del Poder Ejecutivo, donde las libertades civiles serán mera ilusión.

El INAI, el garante de la transparencia y la protección de datos personales, fue blanco constante del Presidente, quien no ocultó su desprecio por las instituciones que limitaban su poder. Al destruirlo, junto con todo el sistema nacional de transparencia, se asegura que las mismas instituciones opacas y corruptas que evadían sus obligaciones sean las responsables de proporcionar información, sin supervisión externa ni obligación de rendir cuentas. Esto nos regresa a una época oscura, donde la ciudadanía no tendrá acceso a la información sobre qué hacen las autoridades ni cómo gastan el dinero público.

El ataque a la transparencia es el ataque al corazón de la democracia. La opacidad no solo permite la corrupción, sino que la fomenta y la legitima. A lo largo de su sexenio, el Presidente afirmaba estar a favor de la transparencia, mientras desdeñaba las órdenes del INAI y ocultaba información clave, como en el caso Ayotzinapa. Las conferencias mañaneras, lejos de ser un ejercicio de rendición de cuentas, fueron una plataforma de desinformación y manipulación. En lugar de abrir el gobierno a la ciudadanía, se fomentó un discurso de miedo y desconfianza, exponiendo datos personales de jueces, periodistas y activistas en un intento por silenciarlos.

En Causa en Común documentamos () cómo las mañaneras se convirtieron en un ejercicio de ocultamiento y tergiversación. De las 2,596 solicitudes de acceso a la información que realizamos sobre temas de seguridad, en casi la mitad de los casos (44%), las instituciones negaron o evadieron proporcionar información completa; solo el 35% de las respuestas coincidieron con lo declarado en las mañaneras, sin que ello signifique la veracidad de la información. La conclusión es clara: este gobierno conscientemente optó por ocultar la información que debía ser pública.

Con la desaparición del INAI la opacidad será la norma y la Presidenta electa Claudia Sheinbaum tendrá todos los incentivos para operar sin rendir cuentas a nadie, sin frenos ni contrapesos. Las instituciones que deberían proteger la democracia ahora estarán en manos de un régimen que las podrá utilizar para consolidar su poder.

El Presidente había dicho que se retirará a "La Chingada", su rancho, aunque el miércoles señaló que siempre no lo haría de inmediato. Mientras se decide a desaparecer de la vida pública, si es que lo hace algún día, lo que nos deja a los mexicanos es un país verdaderamente "de la chingada": militarizado, sin libertades, sin justicia y uno donde la luz de la transparencia ha sido apagada. (Colaboró Fernando Escobar Ayala)

Presidenta de Causa en Común

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