La violencia que se vive en el país está emparejada con el desmantelamiento progresivo de las instituciones de seguridad civil y el incremento en el uso de las Fuerzas Armadas (FA). No hay duda de que, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de un cambio de régimen (la “Cuarta transformación”), en el centro del mismo está la militarización.
Mientras militarizó al país y les dio a las FA enorme poder económico y político, el presidente dejó vacíos de poder que fueron tomados por el crimen organizado. Y, al parecer, también por otro gobierno.
Pactada o no, la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzman López en territorio mexicano, realizada por las agencias norteamericanas, evidenció la desconfianza en el Presidente y en las FA, a quienes se les informó del operativo una vez consumado. La Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que lo que ocurre en zonas narco está fuera de su radio. Las consecuencias de estas detenciones aun están por venir.
Al Presidente no le importó la evidencia de más de dos décadas sobre la falta de resultados en las tareas encomendadas a los militares en seguridad pública, ni las múltiples violaciones a los derechos humanos, ni la colusión de algunos de sus altos mandos. Tampoco valoró el impacto de la destrucción de instituciones civiles y decidió incluir a los militares en su proyecto político y ponerlos al frente de la seguridad del país.
Esto ha resultado inútil, honeroso y un riesgo para la democracia mexicana. En el 5to. informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México (https://rb.gy/wplljp) damos cuenta de ello.
La violencia no disminuyó. Por el contrario, hoy padecemos una crisis humanitaria con cientos de miles de personas muertas o desaparecidas, territorios controlados por los criminales y gobiernos coludidos con el crimen organizado.
Además, a la GN no se le preparó como policía y las policías locales fueron debilitadas. El resultado fue la destrucción institucional civil a cambio de nada. La militarización no solo se concretó a nivel federal, ya que alcanzó a 15 secretarías estatales y a muchas municipales. Junto con la titularidad de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Centro Nacional de Inteligencia, hay 1,237 miembros de las FA que ocupan altos cargos en corporaciones locales.
Es importante señalar que la militarización no solo consiste en despliegues militares o en poner a los mandos en determinados cargos, sino que se implantan la ideología y lógicas operativas castrenses en las instituciones civiles.
Respecto al presupuesto, las FA alcanzaron en 2024 su máximo histórico. Sin importar su falta de resultados, en los primeros cuatro años se les otorgaron 383 mil 673 millones de pesos. Es el tercer presupuesto más importante en el gobierno federal, únicamente por debajo de la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Educación Pública.
Por último, un foco rojo es que la información que brindan las FA es cada vez más engañosa, incompleta y difícil de conseguir. Abunda la desinformación. Ejemplos sobran, desde la capacitación como policías de los elementos en la GN hasta los comunicados de prensa que “explican” la detención de un capo, una masacre, el hallazgo de una fosa clandestina; o la información que guardan con el pretexto de proteger la “seguridad nacional”.
En conclusión: el proyecto militarista es inútil para enfrentar a las organizaciones criminales, no beneficia a las FA y resulta incompatible con nuestro sistema democrático. Así lo muestra no sólo este Informe, sino las cifras delictivas y la evidente ingobernabilidad, cuya crónica más reciente es la manera en que Zambada y Guzmán López fueron detenidos.
Presidenta de Causa en Común
