El Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) celebrado ayer entre autoridades de Estados Unidos y México es una buena noticia para nuestro país, principalmente después de los desatinos diplomáticos del gobierno mexicano tras la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El DANS será un espacio de colaboración importante entre ambos países y, sobre todo, una oportunidad de retomar las acciones binacionales en materia de seguridad, pues ha pasado mucho tiempo desde la última vez que las dos naciones se sentaron a establecer mecanismos de entendimiento sobre el tema.
La decisión de “revisar” la Iniciativa Mérida no fue solo una propuesta de las autoridades mexicanas, lo fue también de las de Estados Unidos, pues consideran que los logros alcanzados en esta Iniciativa deben actualizarse a la realidad social y política de los países, con nuevos enfoques donde queden definidas las prioridades de seguridad. Y es que de acuerdo con el informe “Evolución de la Iniciativa Mérida 2017-2021” son varios los resultados positivos que esta iniciativa ha tenido para México, como lograr una profesionalización de los cuerpos antidrogas, el número de arrestos de líderes delincuenciales y operativos realizados por las agencias mexicanas; la obtención de distintas certificaciones internacionales en el combate al crimen y la aplicación de la ley bajo nuevos enfoques y paradigmas de seguridad.
En la reunión de ayer se acordó, por ejemplo, dar un enfoque de salud y de derechos humanos al tema de las drogas; la lucha frontal contra la trata de personas y el seguimiento a las organizaciones que se dedican a esto; así como la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, el combate a la corrupción y el lavado de dinero. Además, se acordó fortalecer atender las causas de la violencia, fortalecer el sistema penitenciario en ambos países y disminuir el tráfico de armas y municiones. Lamentablemente, nada se habló del necesario fortalecimiento y profesionalización a las policías locales ni del tema migratorio, este último a petición del gobierno mexicano. Aunque no hay que regatear la relevancia que se pretende dar al tema de la trata de personas, ya que en México hay ciudades como Tapachula que es un verdadero paraíso para los delincuentes, donde casualmente se registra un enorme flujo de dinero ilícito de múltiples países del mundo.
Otro punto de acuerdo es que la desigualdad es el gran problema de México y de los países centroamericanos. A pesar de ello, las soluciones propuestas por López Obrador a Joe Biden para que sean sus programas sociales el modelo a seguir, no parecen tener mucha resonancia en Estados Unidos ¿y cómo no? si basta observar los resultados obtenidos. De acuerdo con el Coneval, hoy hay en México entre 8 y 9 millones de pobres más, se ha limitado el acceso a derechos básicos como la educación y la salud, y las transferencias monetarias han demostrado no eliminar la pobreza. En otras palabras, se coincide en el diagnóstico, pero no en la solución.
Más allá del cambio de nombre en la estrategia conjunta de seguridad, esperamos que en este acuerdo quede atrás la colaboración para detener a "los criminales más buscados" por Estados Unidos, y comience una nueva etapa donde se hagan investigaciones conjuntas para detener las redes criminales que provocan violencia. Además, es indispensable que se generen verdaderas alternativas que permitan la eliminación de la desigualdad, y con ello, un desarrollo social en contexto de seguridad para la sociedad. El canciller Marcelo Ebrard señaló que este acuerdo es “una declaración verificable y con resultados” a partir del programa de trabajo que se presente en diciembre. Desde la sociedad civil estaremos atentos para garantizar que todas las acciones cuenten con la transparencia y la máxima publicidad necesarias en un tema tan importante para nuestra gobernabilidad.
*Colaboró Genaro Ahumada