La promesa de una reforma al Poder Judicial para acabar con la impunidad y la corrupción ha resultado en una grave traición. En lugar de hacer una reforma profunda al Sistema de Justicia, se consolidaron pactos de impunidad. Lo que alguna vez fue la crítica más aguda de López Obrador contra otros presidentes, hoy se ha convertido en su modus operandi: usar el poder para su beneficio personal y político. No estamos frente a una paradoja, sino ante un cinismo abrumador y una degradación política que hiere profundamente nuestra democracia.
El Presidente y sus operadores han demostrado estar dispuestos a todo: desde prometer cargos políticos a quienes se les someten, hasta actuar con métodos que se asemejan más a los del crimen organizado, utilizando la amenaza, la extorsión y la corrupción. Esto no es nuevo. Desde que fue Jefe de Gobierno, López Obrador ha manipulado y extorsionado a los suyos, y como presidente ha institucionalizado estas prácticas, presionando a empresarios, encarcelando a sus enemigos con pruebas fabricadas y coaccionando a legisladores para que sigan su agenda.
La reciente Reforma al Poder Judicial es la muestra más clara de esta estrategia. Morena, con una mayoría obtenida no en las urnas, sino mediante sobrerrepresentación legislativa y la compra de voluntades, ha arrasado con el último bastión de justicia en el país. El Poder Legislativo es una herramienta ya del Poder Ejecutivo, es su brazo ejecutor; esta suerte correrá el Poder Judicial gracias a esta reforma.
Este gobierno ha roto las fronteras entre política y criminalidad, y la oposición, impotente y desorganizada, ha permitido que esto ocurra. Mientras Morena ha actuado como una mafia, la oposición ha fallado en representar a quienes confiaron en ellos. El resultado: un México que ha caído bajo el control de un autócrata que justifica su poder en nombre del pueblo. Un presidente que ha normalizado el cinismo en la política sin ambigüedades: “hay que buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios”, mientras desmantela los contrapesos necesarios para la democracia.
La pregunta es: ¿qué opciones nos quedan? Existen pocas salidas y el terreno es difícil. La primera es persuadir al oficialismo para que las leyes secundarias no sean tan lesivas. La segunda, emprender acciones jurídicas; desde acciones de inconstitucionalidad impulsadas por los partidos políticos, amparos por grupos de abogados y acciones colectivas por parte de la sociedad civil. Pero con un margen muy reducido de éxito, y ante un gobierno que ya ha demostrado su desprecio por las sentencias judiciales, como fue el caso de no nombrar a los dos magistrados electorales faltantes o el no regresar la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad, como en ambos casos lo ordenó la SCJN. Esto hace que se antoje difícil que cumpla una nueva sentencia.
La última opción es la más potente: la movilización social. Durante años, los mexicanos hemos usado el derecho a manifestarnos, pero el gobierno actual, temeroso del pueblo, ha mostrado su disposición a reprimir esas voces. El uso de la policía y el ejército para intimidar a los trabajadores del Poder Judicial es una señal alarmante de lo que está por venir. Tenemos que buscar iniciativas novedosas de manifestación y acción, con lo que tenemos hasta ahora no nos alcanzará.
El Ejecutivo y Morena han debilitado nuestras instituciones, y las consecuencias serán devastadoras. Con un Poder Judicial sometido, perderemos los contrapesos, la independencia y lo más importante, la justicia. Claudia Sheinbaum, la sucesora elegida, heredará un gobierno con un control absoluto de los tres poderes. Pero la historia no olvidará el martes 10 de septiembre, y las consecuencias de este acto de traición quedarán ligadas para siempre a la memoria de Andrés Manuel López Obrador. (Colaboró Fernando Escobar Ayala)
Presidenta de Causa en Común