El Presidente ha demostrado que conoce lo que le duele y preocupa a la gente, también dónde están sus esperanzas. Construyó su narrativa repitiendo cientos de veces que él y quienes lo apoyan sin chistar, representan todo lo bueno: la transformación, la democracia, la honestidad.
Su narrativa ha sido muy potente, porque aunque los mexicanos saben que no ha mejorado su seguridad, ni hay medicamentos en los hospitales, ni sus hijos aprenden mejor en la escuela, las palabras del Presidente y el dinero en efectivo les genera la esperanza que algún día estarán mejor.
La facilidad de engañar de López Obrador le ha permitido, a la vista de todos, deslegitimar instituciones (Policía Federal, SCJN, INE, INAI) o anular politicas públicas (Seguro Popular, refugios y guarderías). Y a pesar de que en su sexenio tuvo la oportunidad de mejorar las instituciones, optó por utilizar el machete para destruir en lugar del bisturí para fortalecer.
A cambio, construyó instituciones que distan mucho de ser mejores que las anteriores, por ejemplo, la Policía Federal en 2011, con menos de 39 mil elementos presentó a más de 40 mil personas ante el ministerio público, en tanto que la Guardia Nacional (GN) en 2022 con 118 mil elementos solo presentó a 2,662 personas.
Ahora, ya con Claudia Sheinbaum como presidenta electa, el Presidente insiste que en septiembre quiere cumplir su necedad de aprobar reformas constitucionales que cambiarán el régimen político del país. Al presentarlas en febrero pasado, dijo que “buscan fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia…” pero poco tienen que ver con esta visión.
El paquete de reformas abarca muchos temas, algunos muy loables por ejemplo replantear el sistema de pensiones, garantizar que el salario mínimo crezca por encima de la inflación o garantizar la vivienda. Sin embargo, llevan el riesgo de no favorecer a los que menos tienen, ya que el 50% de la población trabaja en la informalidad, y ninguno de ellos tendría estos beneficios. Entonces no cumplen con los ideales de humanismo ni justicia social.
Otras de las iniciativas como la Reforma al Poder Judicial, la desaparición de 18 órganos autónomos y el fortalecimiento a las Fuerzas Armadas (FA) son contrarias a la democracia porque reducen los contrapesos y concentran el poder en la figura presidencial.
Esta última, relativa a las FA es sin duda el mayor cambio a la Constitución, ya que diluye la línea entre la jurisdicción civil y la militar, definida e intocada desde la promulgación de nuestra Ley Fundamental en 1917.
Desde entonces las autoridades castrenses están formalmente deshabilitadas para ejercer más funciones que aquéllas que tengan exacta conexión con la disciplina militar en tiempos de paz. Aún cuando en 2019 se cambió la Constitución para que las FA pudieran realizar tareas de seguridad pública, se determinó que sería extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, complementaria y solo por un periodo determinado.
Con la nueva iniciativa se pretende que las FA realicen tareas de seguridad pública en forma ordinaria y permanentemente, sin fijar ningún tipo de control. Lo anterior, sumado a la naturaleza militar que se pretende dar a la Guardia Nacional (GN), se traduce en la militarización total de la seguridad pública a nivel federal. Al margen de ello, aprobar la reforma aumentaría el empoderamiento político y económico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues los recursos materiales, financieros y humanos con que cuenta la GN estarían bajo su control.
¿Quieren los mexicanos una Presidenta(e) fuerte, sin contrapesos, que se dispute el poder político y económico solo con las FA? Parece que sí, aunque hay evidencia suficiente que demuestra que han fracasado en tareas de seguridad y que el riesgo para el futuro democrático es enorme.