En los últimos años, el gasto público ha crecido de manera significativa, pasando de menos de 6 billones de pesos en 2019 a 9 billones en 2024. Sin embargo, el problema no es el tamaño del gasto, sino su naturaleza. Los recortes presupuestarios previstos para 2025 eran previsibles: son el resultado del despilfarro en proyectos cuestionables como la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el dispendio en las últimas elecciones para garantizar la victoria de Morena. Estos gastos excesivos, sumados a un crecimiento económico estancado, empezarán a cobrar factura en las necesidades más urgentes de la población. Los recortes serán sin duda dolorosos.
Es insostenible afirmar que la prioridad del gobierno es atender a los sectores más vulnerables cuando esto no se refleja en el presupuesto enviado a la Cámara de Diputados. Tres áreas clave para el bienestar de la población: salud, educación y seguridad sufrieron recortes significativos.
Por ejemplo, aunque los programas sociales representan el 8.9% del presupuesto y ciertamente benefician a muchas familias, no resolverán necesidades críticas como la compra de medicamentos o la contratación de servicios médicos privados, especialmente considerando el recorte del 34% en salud.
En educación, la situación no es mejor. Aunque se corrigió parcialmente la polémica reducción a la UNAM y el Politécnico tras un escándalo público, y se regresaron 11,698 millones de pesos, muchas otras universidades públicas vieron reducidos sus recursos. Mientras tanto, las Universidades del Bienestar, con un aumento del 85.9%, continúan recibiendo recursos desproporcionados pese a la falta de evidencia sobre su calidad educativa. Esto refleja una prioridad por promover la ideología gubernamental, más que por formar jóvenes con habilidades para conseguir empleos bien remunerados.
En el ámbito de la seguridad, los recortes son igualmente preocupantes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana verá una reducción del 34% en su presupuesto, pasando de 110,339 millones a 70,422 millones de pesos. Este recorte contrasta con las expectativas generadas por la creación de una “súper Secretaría de Seguridad” con nuevas funciones de investigación, y pone en duda la viabilidad de la estrategia presentada por el secretario Omar García Harfuch.
La estrategia de seguridad anunciada, que busca reducir la incidencia delictiva, neutralizar generadores de violencia y fortalecer a las policías locales, requiere una inversión sustancial. Esto es especialmente crítico tras el desmantelamiento de la infraestructura tecnológica y de inteligencia de la Secretaría de Seguridad en el sexenio anterior. Además, el presupuesto no contempla los recursos necesarios ni a nivel federal ni para los estados, donde las policías estatales y municipales apenas recibirán un aumento insignificante del 3.7%. Este monto es insuficiente para mantenerlas, mucho menos para mejorarlas.
La seguridad es fundamental para que las personas puedan desarrollarse y la economía crecer. Sin embargo, la violencia heredada por la estrategia de abrazos no balazos parece imparable. En octubre se registraron 2,564 víctimas de homicidio (reconocidas por el gobierno), un 6% más que en octubre pasado. Al menos se cometieron 40 masacres y actos terroristas, como la explosión de coches bomba en Guanajuato, un ataque a un bar en Querétaro, al igual que un repunte en delitos de desaparición, extorsión, robo a transportista y los delitos catalogados como violencia de género. Frente a este panorama, reducir el presupuesto para seguridad parece no solo insensible, sino irresponsable.
El presupuesto refleja, más que cualquier discurso, las verdaderas prioridades de un gobierno. Y este presupuesto deja claro que, para Morena, la prioridad sigue siendo concentrar el poder y aumentar los grupos clientelares para ganar elecciones. Atender las necesidades urgentes de la población, por lo que se deduce del presupuesto que presentaron a la Cámara de Diputados, no encaja en su prioridad. (Colaboró René Gerez López)
Presidenta de Causa en Común