En México vivimos un clima de desconfianza hacia las instituciones y los gobernantes. Todo lo que tenga que ver con política es despreciado por la mayoría de los mexicanos y se identifica como sinónimo de abuso y corrupción. Por eso era tan importante que la alianza opositora se sentara con la sociedad civil y abriera un espacio de participación genuina en el proceso electoral 2024.
Los partidos políticos de oposición habían reiterado en público y en privado que escucharían a la sociedad, pero pasaban los meses y no hacían un ejercicio genuino de escucha.
Fue entonces que a principios de mes recibí la invitación del Frente Cívico Nacional (FCN) para formar parte de un proceso ciudadano que consideré novedoso y posible: organizar debates y una consulta nacional a fin de conocer la preferencia ciudadana respecto de un liderazgo que se convertiría en un posible candidato/a de cara al proceso electoral de 2024. El Frente reunió a un grupo plural de 11 personas con conocimientos en la materia electoral y/o parte de la sociedad civil. Acepté participar, a título personal de forma honoraria y pidiendo independencia.
Sin embargo, el viernes pasado nos comunicó Guadalupe Acosta Naranjo del FCN que por fin habían llegado a un acuerdo con los partidos para llevar en conjunto el proceso de la consulta nacional. Por lo que me comentaron personas cercanas a las negociaciones, los partidos al ver que iba en serio la organización de un proceso sin su participación, fue que aceleraron los acuerdos con las organizaciones civiles que venían acompañándolos. De ser así, me parece que nuestra participación tuvo buenos frutos pues sirvió de presión. Decidimos entonces pasar la estafeta a quienes pondrán en marcha el proceso.
El lunes pasado se dio a conocer el Frente Amplio por México (FAM). Este organismo, por ahora, es una instancia informal integrada por las dirigencias de los partidos PAN, PRI y PRD al que se ha sumado alrededor de 250 organizaciones civiles, pero que al estar dentro de la ley la figura del “frente” están obligados a firmar un convenio y solicitar su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para formalizarlo.
Sin duda el acuerdo al que llegaron partidos y organizaciones fue el resultado de un proceso, en el que todos escucharon y todos cedieron. Así es la política de lo deseable, queda lo posible. Lograron su objetivo, que ciudadanos no partidistas tomaran un lugar preponderante en lo que siempre había sido exclusivo de los partidos: el monopolio legal de registrar candidaturas.
Por lo que dieron a conocer este jueves, el Frente contará con dos organismos importantes: un Comité Organizador conformado por siete ciudadanos y seis miembros de partido que sin duda tiene un reto enorme y complejo porque es una carrera de velocidad, pero también pulcritud. Tendrán que lidear y acotar los intereses partidistas para darle toda la certeza al proceso y a los contendientes; resolver temas torales del método como son rendición de cuentas, equidad en la contienda y piso parejo para los aspirantes. Deberán que tejer fino todo el proceso. Construir el padrón, organizar debates, consultas y encuestas, entre otros desafíos. El segundo es el Comité de Observación Ciudadana conformado por 15 ciudadanos encargados de vigilar el proceso.
Es un hecho la diferencia abismal entre los dos procesos opositores. Mientras que en Morena y sus aliados la decisión la toma una sola persona, que no permite debates y que no pide opinión a sus cercanos, menos a los ciudadanos, en el Frente todo esto no solo está permitido, sino que es parte del proceso.
Participé con gran gusto en una etapa previa para empujar el proceso actual y seguiré defendiendo a nuestra democracia desde donde considere que puedo ser más útil. (Colaboró Alejandro Vázquez)
