Lupita camina con su bebé en la espalda mientras teje una tira de palma. Nos cuenta del dolor que siente porque asesinaron a su esposo. No sabe a dónde acudir para denunciar, ni a quién exigirle justicia. Ahora debe mantener a sus hijos vendiendo su tira de palma en cinco pesos.
Margarita es habitante de Chilapa y tiene miedo, a pesar de que tal vez no sepa que, junto con sus vecinos, tiene 4 veces más posibilidades de morir. Ella narró que abandonó su hogar porque la delincuencia organizada le puso un plazo para salir de ahí, o sería asesinada. Tuvo que dejar atrás sus pertenencias para poder sobrevivir. El panorama se tiñó de poblados desolados.
A estas voces, se suman las de los familiares de cientos de desaparecidos, asesinados, torturados y secuestrados en el municipio. Esposas que exigen respuestas por la muerte de sus maridos. Hermanas que, después de cinco años, siguen buscando a sus hermanos desaparecidos. Hijos que no saben en dónde están sus papás. La exigencia unísona es que las autoridades cumplan con su primera y principal responsabilidad, que es la de proteger a sus habitantes. No más, no menos.
Mientras que las mismas autoridades locales refieren que los enemigos son la pobreza y los que están fuera de la ley, poblaciones enteras viven día con día una ruta de violencia, muerte y corrupción. Los gobiernos, todos, refieren que su prioridad es pacificar Chilapa. Sin embargo, es en este mismo municipio en donde el Estado ha estado ausente desde hace muchos años, y que, ante cualquier atrocidad, se vuelve inservible e indolente.
En esta realidad escalofriante, los ciudadanos deben coexistir con una delincuencia que ha ocupado los espacios vacíos que dejó el propio Estado. Debido a la irrupción del fentanilo, la compra de amapola ha ido a la baja, por lo que ahora se dedican a quitarles las remesas que reciben. Matar también es fácil: entre 2016 y 2018, asesinaron a 452 personas. Es decir, en promedio, mataron a una persona cada dos días. Lo anterior es una síntesis de un Estado inexistente.
No queda claro cuántas personas más necesitan morir para que se tomen las medidas necesarias que garanticen su seguridad. O cuántas tragedias más como la masacre de los músicos, el asesinato de menores de edad, los cientos de desplazados y los miles de desaparecidos. En esta ola incontrolable de masacres, se olvidan las víctimas, y se desvanecen en conteos y números. Se olvida también el dolor y sufrimiento de cada familia, pareja e hijos, y del horror con el que viven poblaciones enteras. No podemos permitir que esto pase.
Coincidimos con el mensaje del gobernador para frenar los enfrentamientos y confrontaciones, así como el oportuno llamado a la paz y respeto entre los pueblos. Estamos ciertos en que esto no sucederá a menos de que se haga efectiva la justicia, como pilar fundamental de cualquier proceso de pacificación, así como de que se garanticen las condiciones de seguridad, desarrollo económico y social, y educación. Si las autoridades, locales y federales, consideran que el municipio está en condiciones de pacificarse, es hora de demostrarlo, o en su defecto, de ponerse a trabajar para asegurarse que sea una realidad.
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera
