En un esfuerzo conjunto, Causa en Común y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, realizamos un seguimiento puntual a las acciones del gobierno federal, del que resulta un registro de acciones abiertamente ilegales y, otras, de dudosa legalidad. Este registro, cuya primera entrega llevó como título “Legalidad contra las cuerdas”, acaba de actualizarse y puede consultarse en el último número de la revista Nexos, muy bien explicado por María Amparo Casar.
A pesar del poder acumulado por este gobierno, el trabajo muestra un panorama de desprecio profundo a la Constitución y al estado de Derecho en general. Las consecuencias son y serán graves. Se han aplastado reformas, se han cancelado recursos para programas de apoyo comunitario, se han negado presupuestos ya aprobados para organizaciones sociales, se cancelan proyectos en curso y se asignan obras y proyectos sin concurso, se deja a un lado la laicidad del Estado, y se nombra en posiciones clave a personas que no pueden pasar un examen mínimo de competencias. No hay área de la vida nacional que se salve. Esas acciones arbitrarias y en muchos casos ilegales, abarcan la economía, la seguridad, la salud, o la política social. Es el abuso de una posición política tramposamente sobre-representada en el Congreso, para desde ahí debilitar al Estado mismo, en aras de una acumulación malsana de poder. A partir de ese objetivo, que no alcanza la estatura de proyecto, es que se vulnera la división de poderes, se debilita a los contrapesos institucionales, se da la vuelta a la rendición de cuentas, y se vulneran derechos y libertades, todos estos elementos indispensables en una democracia digna del nombre. Como demuestra nuestro estudio, no se trata de una etapa transitoria sino de una definición, que no sólo se apoya en acciones legales e ilegales, sino en un discurso que se obstina en clasificar, denostar, descalificar, estigmatizar; un discurso que, en no pocas ocasiones, se ocupa para amenazar.
En el periodo que cubre la segunda parte del estudio —que, visto lo visto, tendrá que tener entregas sucesivas—, destaca el asalto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el avance de la militarización vía una Guardia que es un fraude a la obligación legal de construir una nueva institución civil. Ya avanza también el acecho al Instituto Nacional Electoral, continuación del intento reeleccionista en Baja California. Como el objetivo es simple y sencillamente acumular poder y prolongarse en él, se abusa de la ley, o se cambia a modo, o simplemente se viola. No valen argumentos técnicos, ni alertas aritméticas, ni apelaciones de último minuto al sentido común. Hay voluntades de poder que prescinden del diálogo, y de la ley, y de límites democráticos, y de libertades, derechos y garantías. Son voluntades que prescinden de todo eso porque se asumen autojustificadas. Y entonces, todo lo demás, sobra.
Hay quienes suponemos que, si bien no es una buena idea para un gobierno socavar la ley y las instituciones, mucho menos lo es cuando se requiere de todo a la mano para enderezar una economía en declive y enfrentar una inseguridad desatada. Es decir, hay posiciones éticas y consideraciones pragmáticas para fortalecer al Estado. Sin embargo, está claro que hay quienes creen en el valor supremo de la división y de la resta. En razón de qué razón, vaya usted a saber, pero nosotros habremos de insistir en que las instituciones importan, en que la ley importa, en que los derechos importan. Los seguiremos defendiendo. (Colaboró Pilar Déziga Velázquez)
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera
