Esta semana se presentó la Estrategia de Seguridad. Es importante reconocer tanto los cambios importantes que se están planteando como los temas que faltan y riesgos.
Un cambio evidente es la actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum: más empática con las víctimas, como lo vimos en su reacción ante la primera masacre del sexenio en Chiapas donde militares mataron a 6 migrantes. Aunque su mayoría constitucional genera preocupación tanto en el país como en el extranjero, por el riesgo de un gobierno autoritario, hasta ahora -por lo menos discursivamente- se ha manejado con moderación. Ahora esperamos que las palabras se traduzcan en decisiones asertivas.
Por su parte, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó una estrategia técnica, no ideológica, enfocada en reducir la delincuencia con objetivos claros: disminuir homicidios y delitos de alto impacto, neutralizar a los generadores de violencia, fortalecer a policías y fiscalías locales y mejorar el diálogo con la sociedad.
No obstante, persisten vacíos y riesgos. Falta una estrategia para la búsqueda de personas desaparecidas y su entrega a las familias; un plan para el retorno seguro de los desplazados por las violencias y una política pública en migración. Además, lo que no se mide, no se puede mejorar, faltan indicadores para medir el éxito de la estrategia.
Por otro lado, aplaudo el énfasis en la coordinación entre el Gabinete de Seguridad, las policías y las fiscalías, ya que de ello dependerá el éxito de convertir la inteligencia en investigaciones efectivas. Sin embargo, existe el riesgo de fracasar si no se toman medidas, la Ley de Seguridad no es clara sobre las responsabilidades de cada orden de gobierno; la regla en administraciones anteriores fue no compartir la información, no colaborar y pisar a las policías.
Otro riesgo es que el titular de la UIF, Pablo Gómez, siga actuando fuera de la ley intimidando a empresarios y organizaciones civiles en lugar de atacar las finanzas y los bienes de los criminales, que es un objetivo prioritario de la Presidenta.
Por último, en Causa en Común, coincidimos con el Secretario, quien subrayó que “la seguridad es una responsabilidad compartida”. Llevamos 15 años apoyando a víctimas, analizando leyes y políticas públicas, y formulando propuestas. Hemos criticado lo que no funciona y aplaudido lo bueno. Con esta experiencia, elaboramos un documento de propuestas (https://rb.gy/lapvga) para este sexenio.
Dado que tanto la Presidenta como el Secretario han manifestado su apertura al diálogo con la sociedad, me permito hacer una propuesta para lograr el éxito de la estrategia: un Pacto Nacional por la Seguridad y la Justicia. Una agenda de seguridad no puede ignorar que hay políticas públicas que requieren tiempo y los vaivenes políticos disminuyen las probabilidades de éxito. Además, se deben reconocer las diferencias sociales, económicas y políticas de cada región del país, por lo que el Pacto también serviría para superar la polarización. Por tanto, debería incluir a autoridades, organismos autónomos, a medios de comunicación, instituciones educativas y organizaciones políticas, religiosas y sociales de todas las regiones. Bajo las siguientes premisas:
La política de seguridad debe ser una política de Estado que trascienda calendarios políticos.
Los participantes del Pacto deben subordinar sus intereses a la necesidad urgente de fortalecer las capacidades de seguridad del Estado.
Los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión deben vigilar y ejecutar las estrategias emanadas del Pacto.
Todo compromiso debe incluir mecanismo s de rendición de cuentas y basarse en indicadores.
No olvidemos que los objetivos presentados por García Harfuch requieren de un aumento significativo en los recursos presupuestales a la seguridad civil y una enorme voluntad política de Sheinbaum para garantizar su éxito, caminemos juntos.
Presidenta de Causa en Común
