Algún atributo especial se debe requerir para lograr la hazaña de alebrestar a Campeche. A mediados de marzo, un desastroso operativo de traslado de reos en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén terminó como empezó, en un verdadero fracaso. El movimiento de los policías, con el apoyo de grupos importantes de la sociedad local, está más que justificado: los abandonaron a su suerte sin equipo de protección en una operación muy mal planeada.
El operativo penitenciario fue para los policías del estado la gota que derramó el vaso, porque ya estaba claro que la señora que está a cargo de la corporación no tiene idea del tema. ¿Qué se puede esperar si la gobernadora que la colocó ahí tampoco tiene idea de cómo se debe gobernar?
Ahora Layda Sansores habla de una “nueva policía”, pero nada dice de profesionalización, de mejor equipamiento e infraestructura, ni de mejores sueldos y prestaciones. No, imitando a López Obrador, la morenista se va contra los malagradecidos y sólo se le ocurre una purga. Afortunadamente, un juez otorgó a los policías un amparo y ordenó cesar todo acto de hostigamiento, represión o intimidación en su contra. Por eso a Morena le estorba tanto un Poder Judicial independiente, porque es muy incómodo que le pueda poner un alto a sus arbitrariedades.
La situación en Campeche es el enésimo reflejo de la obsesión de López Obrador por debilitar, relegar, demeritar y, cuanto antes, destruir a todas las policías del país. Parece empeñado en dejarle el espacio libre a las bandas criminales y a unas Fuerzas Armadas bien norteadas entre tanto encargo y tanto contrato.
Los resultados los padece el país todos los días. Ahí está, por ejemplo, Guerrero, estado sin ninguna ley, y en el que el asesinato de una pequeña en Taxco y el posterior linchamiento de los presuntos agresores son estampas de una realidad cotidiana. En este caso, así como la señora Sansores le echó la culpa de su ineptitud a los policías, en Taxco otro inepto a cargo de la inseguridad se atrevió a echarle la culpa a la mamá de la niña asesinada, mientras la gobernadora fantasma Evelyn Salgado siguió promoviendo ese infierno como gran destino turístico.
Lo que procede entonces en la mente de López Obrador no es otra cosa que aprovechar el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya para lanzarse contra el gobernador por cometer el pecado de no pertenecer a su cuadrilla de ineptos y de ineptas. No importa que parte importante del combustible que alimenta a la mafia en esa región sea precisamente el huachicol, ése que dijo que ya había erradicado, y que se encuentra en pleno apogeo.
La crueldad de darle carta blanca a los criminales, de darle instrucciones a las Fuerzas Armadas de no hacer nada (con o sin su disfraz de Guardia Nacional) y de atacar a las policías locales recortando los apoyos federales a que tienen todo el derecho, es algo sin precedentes en la historia de nuestro país. Nunca nadie había desplegado tal desprecio hacia las libertades, los derechos y las vidas de los mexicanos. Pero nunca podrán tapar los asesinatos y desaparecidos en este sexenio, un cuarto de millón de muertos, a los que deben además añadirse los cientos de miles que no debieron morir durante la epidemia.
La destrucción de instituciones y las pilas de muertos son el saldo de este gobierno, pero no les ha dado tiempo de destruir todo. Faltaba Campeche, por ejemplo. Ojalá que sus policías y su sociedad logren resistir.