A inicios de 2004 quedaba claro que el problema de la inseguridad no era solo legado de los gobiernos priistas, también lo era de los gobiernos panistas y perredistas. Mientras el problema exigía una política de Estado, los gobiernos presentaban programas y ocurrencias que solo provocaban el aumento de secuestros, homicidios y robos con violencia. Además, tanto en el Gobierno Federal como en el entonces Distrito Federal los desacuerdos internos de quienes debían coordinarse en seguridad y justicia eran evidentes. Por si fuera poco, la confrontación entre Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador subía de tono día a día.
Por la falta de visión del presidente Vicente Fox y su gabinete, se olvidaron de que el corazón del cambio a la democracia tenía que ser el fortalecimiento del Estado de derecho. En medio de todo esto, los criminales olfatearon la oportunidad en la distracción gubernamental, y desde el año 2001 ampliaron el secuestro de las personas adineradas -como sucedía en la década anterior- a la clase media. Ese fue el caso de los hermanos Vicente y Sebastián Gutiérrez, a quienes secuestraron y asesinaron en mayo de 2004.
En ese entonces yo presidía Mexico Unido Contra la Delincuencia (MUCD); uno de los programas de la organización consistía en apoyar a las familias durante el proceso del secuestro o después del mismo. En aquel entonces me buscaron los familiares y amigos de Vicente y Sebastián, platicamos de éste y muchos otros casos dolorosos como el de la joven Lizbeth Salinas, quien al salir de su primer y único trabajo en el Instituto Federal de Acceso a la Información (hoy el INAI) fue asesinada a bordo de un taxi. Desde dolor y la impotencia, pero también desde la esperanza, surgió la convocatoria a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo el 27 de junio, la llamada Marcha Blanca.
Al siguiente día ya estabamos trabajando en la convocatoria, la organización y el pliego petitorio. Y unos días después, al anunciarlo en el periódico Reforma pronto se unieron organizaciones, grupos de jóvenes y comerciantes dispuestos a apoyar, participar y exigir.
A la manifestación se sumaron miles de personas, desde los que llegaban en metro, hasta las que se organizaron con vecinos y familiares rentando autobuses; las clases medias se expresaron, esas que antes no habían tomado las calles. Según quedo documentado por tomas aéreas y por el relato de los asistentes, los ríos de personas que marcharon abarcaron más de 3 kms sobre Paseo de la Reforma. Cuando el grupo convocante llegó, el Zócalo al igual que las calles aledañas estaban abarrotadas de jóvenes y familias enteras. Al entonar el Himno Nacional a las 12 pm, la fila llegaba la glorieta de Colón.
El problema no solo era en la zona metropolitana de la Capital, al interior del país también había indignación por el crecimiento de delitos violentos, por lo que la protesta se extendió a diferentes ciudades como Aguascalientes, Atoyac, Celaya, Guadalajara, Guanajuato, Irapuato, León, Morelia, Queretaro, Puebla, Torreón, y Tamazula (Jalisco). En Monterrey el papá de Lizbeth tomó la palabra para señalar que la marcha era un primer paso para despertar la conciencia en torno a la inseguridad y la violencia. Por su parte, en Tijuana, Baja California que desde entonces era una ciudad violentada por el crimen organizado, el padre Rayito expresó su indignación por los más de 100 asesinatos ocurridos entre enero y junio de ese año, el último había sido el de Francisco Ortiz Franco, ex editor del semanario Zeta.
En el Distrito Federal no hubo oradores, nosotros fuimos convocantes y organizadores, pero el espacio fue tomado por los participantes y sus demandas, todas entendibles, que iban desde una mayor coordinación de las autoridades hasta pedir la pena de muerte. Algunos acompañaban en silencio mientras otros expresaban su dolor y su enojo, entre plancartas de ¡Ni uno más!, ¡alto a la impunidad!, ¡ya basta!, hasta consignas contra Fox y López Obrador. Después de cantar el himno y de corear ¡México, México, Mexico! las peticiones y consignas quedaron en la plancha del Zócalo como un mosaico que expresaba el dolor, el coraje y las exigencias de miles y miles de personas que se habían congregado; la responsabilidad de hacer lo necesario para solucionarlo quedaba en las autoridades.
En los siguientes días entregamos un pliego petitorio de 10 puntos tanto al Presidente como al Jefe de Gobierno, Gobernadores y al Congreso de la Unión. El nivel de compromiso de las autoridades con los ciudadanos fue la misma que sus reacciones: el presidente Fox utilizó la marcha para descalificar a López Obrador y unos días más tarde dio a conocer una respuesta al pliego petitorio ciudadano, que implementaría según dijo en 2 meses; algunos puntos muy destacables, pero otros, ya estaban contenidos en la ley, pero simplemente no los cumplían.
Por su parte el Jefe de Gobierno, AMLO, fue el último de los gobernantes en recibirnos, ordenó al entonces Secretario de Gobierno Alejandro Encinas que atendieran nuestras demandas y se comprometió a bajar la incidencia delictiva en un 15%; sin embargo, al mismo tiempo su naturaleza siempre de “víctima” lo llevo a descalificar la marcha, “¡Son unos reverendos mentirosos. Esos pirruris de la derecha. Ahí andan con su campañita en favor de la paz y sus moñitos blancos. ¿De qué paz hablan?!”, y además la trivializó en un cómic que su equipo repartió por las calles.
Pero los políticos no son distintos que las sociedades a las que sirven, pronto entendimos en MUCD que algunas organizaciones convocantes eran afines a funcionarios del gobierno federal y otras afines a funcionarios del gobierno de la ciudad; con éstas era muy complejo trabajar porque defendían otros intereses, no los de la ciudadanía, así que decidimos seguir nuestro camino en alianzas a nuevas organizaciones.
Sin duda la gran Marcha Blanca del 2004 dio frutos; inspiró a muchos ciudadanos a participar y formar organizaciones civiles tanto nacionales como locales, muchas vinculadas a la seguridad y la justicia y otras vinculadas a temas igual de importantes como educación, salud, pobreza, etc. Además con distintas perspectivas, investigación, fiscalización, de apoyo a víctimas, incidencia en política pública, por ejemplo.
También incidió en una nueva forma de relacionamos las organizaciones civiles con los gobiernos, por primera vez se tomó en cuenta la voz de ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública; inició el proyecto del Sistema de Juicios Orales; se abrió el espacio para que los gobiernos transparentaran sus cifras delictivas, tema hasta entonces vedado por la ley; se lograron las primeras oficinas de atención al secuestro en los estados, y nacieron las primeras exigencias a los gobiernos para fomentar la profesionalización de las policías y las procuradurías. En cuanto a la incidencia del delito del secuestro, que fue la principal motivación de la marcha, las cifras en la en el Distrito Federal y en otros estados lograron una reducción importante que se mantuvo durante los dos primeros años del siguiente gobierno federal.
Ahora, a poco más de dos décadas de distancia, el desencanto por la democracia ha ido en aumento, porque la democracia no trajo consigo la cantidad de virtudes esperadas en nuestros gobernantes, tampoco la seguridad que quisiéramos y menos la urgente justicia social que creímos venían en el paquete. Por el contrario, el creciente número de homicidios, las violencias familiares y comunitarias, el aumento en los secuestros (a los invisibles migrantes), la toma cada vez mayor de territorios por el crimen organizado y el resentimiento social, entre otros muchos pendientes que tiene el país deberían prender todas las alertas. No es el país que imaginamos ni por el que muchos hemos trabajado. Por eso, sigamos tomando las calles las veces que sean necesarias, la justicia es el objetivo, y la paz nuestra recompensa.
A 20 años de distancia de aquella gran Marcha Blanca, el mayor aprendizaje es que los políticos son la fotografía de la sociedad a la que sirven…o de la que se sirven. Toca preguntarnos ¿cuáles son hoy nuestros valores? Porque la expresión completa de la democracia tiene qué ver con una forma de vida, una cultura cívica y una justicia social que nos alcance a todos.
