Por mandato constitucional, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales electorales. La autonomía y la independencia son dos de los principios rectores para garantizar la no injerencia de los gobiernos y de otros agentes externos. En su origen, el entonces IFE y el Tribunal Federal Electoral (1989) fueron la vía política, resuelta por los políticos, para acceder a la transición democrática en México.
Siguiendo las añejas recomendaciones de agencias internacionales (ONU, OEA, CAPEL, IFES), y recomendaciones recientes de la Comisión de Venecia —para evitar toda manipulación política—, así como de la Fundación Kofi Annan —para crear organismos con total independencia en la gestión—, el Estado mexicano optó por la creación de instituciones gerenciales electorales sólidas, con estructuras suficientes y presupuesto vasto para el cumplimiento de su encomienda.
Desde 1990, el IFE-INE ha organizado cinco elecciones presidenciales, 10 de la Cámara de Diputados y cinco de la de senadores. Se han recibido y contado más de 221 millones de votos presidenciales, se han instalado más de un millón 200 mil casillas, se han capacitado a más 12 millones de mexicanos. Esto ha sido pieza fundamental para garantizar el pluralismo en las Cámaras del Congreso, así como tres alternancias presidenciales.
Hablando de alternancias: Según datos del INE, en las últimas dos elecciones federales (2015 y 2018), hubo 343 alternancias de diputaciones federales (42.83%), 79 alternancias de senadurías (82.29%). En elecciones locales, de 2015 a 2019, hubo 23 alternancias en gubernaturas (63.89%); 760 alternancias en diputaciones (57.3%) y 2,302 alternancias en ayuntamientos (67.25%). El índice de nulidad de elecciones federales por parte del Tribunal Electoral es de 0.08%.
Transiciones pacíficas de gobiernos de partidos distintos a otros, reflejan la eficacia de nuestro sistema de organización de las elecciones. Todas las personas electas han tomado posesión de sus cargos en tiempo y forma, y las controversias suscitadas, se han dirimido por la vía del derecho. En otras palabras, hemos alcanzado la estabilidad política electoral.
Es cierto que existen áreas de oportunidad, espacios de mejora, y que debe haber mayores esfuerzos de eficiencia presupuestaria. Eso no se niega. Pero tambien es cierto, que en un momento crítico y de contingencia mundial, el INE y los OPLEs se enfrentarán a las elecciones, cuantitativa y cualitativamente, más complejas de nuestra historia reciente. Revisemos algunos números: en 2021 se renovarán 21,368 cargos (500 diputaciones federales; 15 gubernaturas; 30 congresos locales; 1,900 ayuntamientos y juntas municipales), con un padrón electoral que administrar de casi 95 millones; se instalarán cerca de 161 mil casillas en todo el país; se contratarán a más de 50 mil Capacitadores Asistentes; se implementarán esquemas sanitarios por la pandemia; se implementará el voto electrónico para las y los mexicanos residentes en el extranjero, entre muchos aspectos más.
Recientemente escuchamos un discurso que siembra desconfianza en el INE; un discurso que refresca los argumentos, hoy anácrónicos, del fraude electoral; un discurso que incluso pone en duda la legitimidad democrática de quien accedió al poder; un discurso que juega con fuego. Pero el problema es que no se sabe si solo es discurso, o es una estrategia. Lo que sí queda claro es que no lo podemos aceptar quienes, desde hace 50 años, le apostamos a la transición democrática en México.
Defender al INE es defender a la democracia mexicana. Es reconocer nuestra historia en donde ya quedó atrás el hiperpresidencialismo y el control de mando de las autonomías e independencias. La historia del México de hoy, sólo permite que al INE lo vigilemos las y los ciudadanos. La mayor prueba está el día en que nuestro INE nos da la oportunidad de depositar libremente la boleta en las urnas.
Catedrática de la UNAM. Presidenta de “1 2624” Consultoras. @MC_alanis
