El fenómeno del tráfico de armas ilícitas es un problema complejo, sistémico y multidimensional. La fuente de todos los males del tráfico de armas son dos problemas definidos: primero, la producción desmedida, que ocasiona una presión en el mercado para vender las armas sin importar a quién, y el segundo, las prácticas negligentes del comercio de armas a partir de que con el mercado legal no se sacia, y por ello, también vende al mercado criminal, inclusive diseñándolas para que el crimen organizado las compre, enalteciendo el burdo gusto del sicariato y del narcotráfico. Estas prácticas negligentes son el catalizador de las amenazas a la seguridad nacional de México: el suministro de armas al crimen organizado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores enfrentó esos dos problemas que han sido la caja de pandora de la violencia en México mediante una demanda civil el 4 de agosto de 2021 a 11 empresas estadounidenses productoras de armas. Nunca un gobierno había demandado a esta industria en Estados Unidos por la vía civil.
El litigio ha sido objeto de escrutinio, suscitando el interés público de solicitar que se hagan públicas las listas de armas decomisadas en el país. Sin embargo, la información específica de armas decomisadas (número de serie, marca, modelo, calibre) por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) forma parte de procesos legales o judiciales en curso para vincular a proceso a delincuentes. Por ello no puede responderse a los criterios de máxima publicidad y transparencia en materia de armas decomisadas, tal como lo indica el artículo 10, fracción séptima de la Ley de la Fiscalía General de la República, pues hay un litigio en curso y multiplicidad de carpetas de investigación.
En la demanda a 11 empresas de armas se explica que 70% de las armas recuperadas en México son de procedencia estadounidense. Ese porcentaje lo confirma el reporte del 22 de febrero de 2021 titulado “Firearms Trafficking: U.S. Efforts to Disrupt Gun Smuggling into Mexico Would Benefit from Additional Data and Analysis” emitido por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), donde se indica
que de más de 80 mil armas de fuego recuperadas en México fueron sometidas al procedimiento de trazabilidad de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) perteneciente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, donde se encontró que el 70.2% fueron fabricadas en los Estados Unidos o importadas legalmente a este país por un licenciatario federal de armas de fuego. Un 17.4% responde al total cuyo origen no son los Estados Unidos de América, sino China, Rusia, España, Italia, Austria, Alemania, Bélgica o Turquía, y 12.4% no pudo identificarse origen porque los números de serie fueron borrados.
No obstante, hay interés público sobre el 30% restante al 70% de las armas decomisadas de origen estadounidense. Fuera de pensar que el 30% han sido “perdidas por el Ejército”, puede verificarse con datos publicados por autoridades del gobierno estadounidense específicamente en el reporte de la ATF titulado “Firearms Trace Data: Mexico - 2015-2020. Data Source: Firearms Tracing System January 1, 2015 – December 31, 2020 (as of March 10, 2021)” que entre 2015 y 2020, menos del 2.9% de las armas recuperadas en México (que hayan sido usadas en delitos o abandonadas) provienen de importaciones legales realizadas por Secretaría de la Defensa Nacional
como licenciatario federal de armas de fuego importadas de los EEUU. Tan solo en 2020 fue de 2.0%. Ese es el porcentaje de desvío de armas en México, confirmado por datos de la misma ATF.
Cabe mencionarse que el fenómeno de armas perdidas es usual en los ejércitos del mundo. Caso relevante es el de los Estados Unidos de América, pues, en un extenso reportaje de AP News de 2020, se aclara que entre 2010 y 2019, más de 1,900 armas han sido perdidas o robadas a las fuerzas armadas estadounidenses, y que han sido usadas para delitos violentos.
En México, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en su marco de ley la tipificación del extravío de armas como delito que atenta contra la disciplina militar, específicamente en sus artículos 241, 242, 243, 246 y 247 del Código de Justicia Militar, donde se castiga con prisión al elemento que incurra en la pérdida de cualquier arma asignada; hecho que no sucede con las policías locales, donde ocurre el mayor número de armas extraviadas. Dicha Secretaría está obligada a atender las disposiciones normativas internacionales con respecto a la fabricación, registro, posesión, transferencias y destrucción de armas de fuego. Si México no atendiera las disposiciones internacionales de comercio de armas, sencillamente estaría impedido a importar armas.
Para reforzar la responsabilidad de México en el desvío y tráfico de armas, cabe resaltar el esfuerzo del Canciller Marcelo Ebrard, quien estuvo en diciembre en el Consejo de Seguridad para promover la Resolución 26/16, resultando en su aprobación y respaldo por 73 países de la Organización de las Naciones Unidas.
Sin duda, es relevante el uso que las Fuerzas Armadas le otorguen al armamento legal que deben de asumir con profunda responsabilidad, pero es más preocupante lo que el crimen organizado hace con el armamento ilegal: más de 200 mil armas ingresan ilícitamente al año desde los Estados Unidos y empoderan a grupos del crimen organizado, cuya capacidad de abastecerse sucede cada 15 días, e incrementan su acceso a drones artillados y nuevas tecnologías armamentistas. El tráfico de armas ilícitas ha dañado mucho a México, y por ello, es congruente que se busque frenar el suministro de armas a los cárteles, objetivo principal del litigio emprendido por la Cancillería.
1. https://www.gao.gov/assets/720/712530.pdf
2. https://www.atf.gov/resource-center/firearms-trace-data-mexico-2015-2020#table-2
3. https://apnews.com/article/al-state-wire-business-gun-politics-army-government-and-politics-9b85eb5aa443564f5a2bbedd1530dbfe https://chicago.suntimes.com/2021/6/15/22535071/stolen-military-weapons-guns-crimes