Soy Diputada Federal y voté en contra del dictamen de Reforma Judicial porque ésta no es ni reforma ni es judicial. Más que reforma es una venganza; más que reforma es una sustitución de personas, porque hay un despido masivo de mujeres y hombres que es tanto injusto como cruel, además de profundamente ineficaz e inequitativo. En lugar de castigar los excesos que se denuncian, ataca a la clase trabajadora del Poder Judicial. La reforma fue votada a favor en la cámara de diputados porque, aún cuando el voto popular no le dio la mayoría calificada a Morena, los magistrados electorales le regalaron a la coalición en el poder decenas de diputados para que se pudieran aprobar las reformas del presidente.
Esta reforma va en contra del principio de la independencia judicial, profesionalismo y excelencia que debe regir a este poder. Si no hay independencia judicial no hay justicia; de hecho, sin independencia no hay Poder Judicial.
El Poder Judicial cuida de nuestra convivencia pacífica, resuelve controversias entre particulares que no pudieron conciliarse, pero también tiene la tarea de proteger los derechos de las personas frente a los abusos del poder y esto, sobre todo esto último, es lo que más le molesta a un régimen autoritario.
Lo que el actual gobierno pretende es anular la carrera judicial, eliminar los requisitos que aseguran profesionalismo y excelencia, acabar con la independencia y autonomía de los jueces. Y por si esto fuera poco, le quieren quitar los efectos generales a una justicia constitucional que protege a los marginados, despojados y vulnerables. Bonita la izquierda que pregonan.
Las consecuencias de este dictamen son la anulación de la propia justicia y la instalación de los intereses de determinadas personas y hasta de criminales. Señalo someramente sólo algunos aspectos de la reforma:
1. Procesos de elección de jueces:
El principio de independencia judicial se elimina al suprimir la carrera judicial y establecer un proceso inoperable, tendencioso y peligroso para elegir jueces y magistrados tanto del poder judicial federal como de los que pertenecen a las entidades federativas, así como para elegir ministros.
Este proceso de elección sin requisitos de idoneidad nos va a llevar a que los propios jueces se deban a sus financiadores, en el mejor de los casos a sus votantes y en el peor de los casos al crimen organizado.
Lo que quieren es que las juezas y los jueces no puedan velar por el interés social sino por sus propios puestos y por el poderoso que logró que ellos llegaran. Además, la evaluación que enfrentarán al año de su ejercicio simplemente es inaceptable.
Están poniendo las condiciones para que los jueces en vez de buscar hacer justicia, busquen la aprobación de sus electores visibles y no visibles. Además, quitan a quienes trabajan en el poder judicial todos los incentivos para prepararse y lograr asensos por méritos.
La reforma propone Jueces a modo que facilitarán la impunidad de grupos criminales o al menos de intereses que, con ayuda del gobierno, podrán ser electos entre miles de nombres propuestos por Morena y generarán decenas de boletas que sólo van a confundir a los votantes. Se dejará a quienes juzgan a merced del poderoso local y fáctico. Esta manera de elegir juzgadores aumentará más la violencia en nuestras ciudades, en nuestros pueblos.
2. Tribunal disciplinario:
El Tribunal disciplinario es un tribunal diseñado para promover la persecución y el terror. Éste tendría facultades discrecionales absolutas ya que investigará, juzgará y sancionará al mismo tiempo y no permitirá que nadie revise sus decisiones, dejando en estado de indefensión al personal del poder judicial.
3. Eliminación de los efectos generales de las sentencias de amparo:
Con esta reforma se afecta precisamente a los más vulnerables. La reforma obliga a los pobres a litigar contra leyes constitucionales y contra actos de gobierno. Lo que niegan una y otra vez es el acceso a la justicia.
La suspensión con efectos generales, las sentencias de amparo con efectos generales es una conquista del Poder Judicial independiente, es una conquista de ciudadanas y ciudadanos, es resultado de una verdadera justicia social que, de acuerdo al artículo 1, deberíamos todos de respetar, proteger, promover y garantizar para salvaguardar los derechos humanos. Pero no, con la reforma obligamos a los ciudadanos a redactar amparos ante una violación a sus garantías porque ya no se pueden beneficiar de la resolución de otra persona a la que le declararon ya previamente la ley y el acto como inconstitucional.
Con la reforma al artículo 107 constitucional regresamos al México decimonónico y porfiriano y obligamos a los más pobres y vulnerables a pagar abogados de precios inaccesibles, de esos que al gobierno le gustan para integrarlos a sus gabinetes con tal de evitar que las sentencias en amparo contra leyes tenga un efecto protector general o generalizado
Claro que el sistema de justicia requiere de cambios, pero ninguno de los que se necesitan para cambiar a una justicia expedita está presente en este dictamen. Nada se dice de los fiscales, ni de los ministerios públicos, ni de las defensorías; ni de los peritos, ni de la justicia alternativa, ni de la falta de presupuesto. Eso sí, le dieron un premio a los magistrados electorales que regalaron al gobierno morenista decenas de diputados para que pudieran aprobar esta reforma.
Esto no es una reforma judicial, es la regresión más peligrosa a los tiempos del autoritarismo y concentración del poder. Acabará con la división de poderes, con la independencia judicial y, por lo tanto, con la más elemental garantía de acceso a la justicia.
Mi reconocimiento a los valientes y solidarios trabajadores del Poder Judicial de todos los escalafones y a los valientes estudiantes y recién egresados que no fueron escuchados, pero que se hicieron oír y que prendieron la vela de la esperanza para nuestro país. Luz que no puede apagarse.