La semana del 31 de enero al 6 de febrero ha sido desgastante para nuestro país. No sólo se nos ha complicado la economía más de lo que el gobierno predecía; asistimos a un parlamento abierto en el tema de la reforma energética que influye claramente en una pérdida de confianza en nuestro país; las agresiones a la libertad de expresión contra quienes han denunciado el caso más preocupante de corrupción desde el poder; la Ivermectina recetada a más de cincuenta mil ciudadanos de la CDMX; y, por si fuera poco, escribiendo estas líneas aparecían notas de una víctima más del gremio periodístico. Esto fue sólo en el transcurso de una semana.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido una de las más importantes protagonistas de la semana, particularmente por su penosa actuación en relación con el tema de la Revocación de Mandato. Trato de explicar:
1. La oposición interpuso una Acción de Inconstitucionalidad, entre otras cosas, porque la pregunta estaba mal redactada y los legisladores oficialistas habían decidido redactarla con la palabra “ratificación” en lugar de revocación. La sesión de la Corte fue citada para el lunes 31 de enero.
2. Dicha sesión inició con toda normalidad. El ministro Pardo presentó un proyecto en el que declaraba inconstitucional la pregunta redactada para la boleta porque se refería a la “ratificación” y no a la “revocación”, por lo que confundía y desnaturalizaba el ejercicio de participación y la propia figura.
3. Cada ministro expuso su posición. Los tres primeros ministros votaron a favor del proyecto; después vino un voto en contra y siguió el cuarto voto a favor de la inconstitucionalidad. Al terminar el posicionamiento de quien anunció el cuarto voto a favor, ya en el minuto 52, el presidente de la Corte no quiso seguir la sesión y, sorpresivamente, decretó un receso “para verificar el tema de un aparente humo que estamos visualizando” y, por lo tanto, dijo, “decretamos una breve pausa”.
4. No sé qué entiendan los ministros por “breve” o por “pausa”, pero la sesión se reanudó hasta el día siguiente y el martes 1 de febrero declararon constitucional lo que a todas luces no lo era. No cambiaron, esta vez, la pregunta como sí lo hicieron para la consulta pública. Las contradicciones del servilismo cada vez son mayores.
Eso sí, de nada les sirvió a estos ministros “quedabien” porque, unos días después, el titular del Ejecutivo los regañó argumentando que la pregunta no estaba bien.
La semana no terminó ahí. Estuvo también presente una de las denuncias más fuertes al régimen, el mayor escándalo; y, en este tema, es importante que los mexicanos aprendamos a valorar la valentía con la que se han comportado quienes llevan a cabo el periodismo de investigación que dio lugar a la denuncia del conflicto de interés en el caso de la casa en Houston que habitan el hijo del presidente y su nuera a raíz de una gran investigación de Mexicanos contra la Corrupción y Latinus. Las pruebas fueron presentadas, los periodistas denostados uno por uno: Carlos Loret, Carmen Aristegui, Mario Gutiérrez Vega, Peniley Ramírez, entre otros. A este esfuerzo se unió —y debe ser reconocido— el Partido Acción Nacional, a través de un posicionamiento expresado de manera fuerte y clara por la diputada Cecilia Patrón Laveada y la denuncia presentada para tales efectos por la dirigencia de ese partido y los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y de Senadores ante la Fiscalía General de la República. Esta denuncia fue presentada en la Fiscalía el 3 de febrero. En dicha presentación ante la prensa no se formuló ninguna pregunta; ningún otro partido de oposición ha reclamado ni respaldado la solicitud de la investigación; otra vez se “escucha” ese silencio cómplice que pone jabón al “tobogán” del deterioro por el que resbala nuestro México.
