La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su “Comisión de Receso”, admitió la controversia constitucional —muy discutible— promovida por Sergio Gutiérrez como presidente de la Cámara de Diputados, que busca suspender ciertas actividades propias del proceso de revocación de mandato y mover la fecha de ésta. Sin embargo, la Corte no sólo ordenó al Instituto Nacional Electoral a seguir trabajando en el proceso de revocación de mandato como si dicho instituto tuviera presupuesto suficiente para hacerlo, sino que también les concedió la suspensión del acuerdo con lo cual obliga al instituto electoral a seguir con el proceso. Y no sólo eso, sino que la resolución en cuestión está cargada de consideraciones que están fuera de lugar y que ponen de manifiesto la sumisión y la falta de independencia. Para muestra, lea estos tres párrafos del boletín emitido por la Corte:
“Y, en consecuencia, continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1,503 millones de pesos”.
Además, “la ejecución del Acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.
Finalmente, la Comisión de Receso advirtió que, en virtud de una resolución reciente sobre la Ley de Revocación, “sería un contrasentido que lo que no obtuvo el INE en dicha controversia, este organismo lo decrete por su cuenta.”
Indebidamente, la Corte, a través de su comisión de receso, admitió una controversia, y también indebidamente resolvió ya parte del fondo, responsabilizó al INE de tareas que todavía no se ha resuelto que tendrá y, por si fuera poco, se convirtió en defensor de oficio del Morena, el partido del presidente de la República. Es decir, trabajan para un poder.
Esto no es nada nuevo. Son muchos los ejemplos que ya tenemos de un Poder Judicial que se rinde ante el Ejecutivo. La Suprema Corte de Justicia en lugar de ser “la voz de la Constitución”, como diría Tena Ramírez, se está convirtiendo en el defensor de oficio del Poder Ejecutivo y, en el mejor de los casos, trata de desempeñar el papel de conciliador, pero siempre, sin quedar mal con el ejecutivo. La Corte ha renunciado a su función en el régimen constitucional de División de Poderes
En sus prisas y anhelos por quedar bien, se les olvidó que la propia Corte ha intentado pasar a la historia como un poder que no se responsabiliza de las decisiones electorales (postura que, además, no comparto). Al intentar quedar bien, ni siquiera revisaron la posible competencia del Tribunal Federal Electoral en relación con la materia electoral a la que se refieren los artículos 99 fracción III y 105 fracción I. Es cierto que es muy discutible que una ley como la que se refiere a la revocación de mandato pueda considerarse exclusivamente de materia electoral pero, por lo menos, merecía que se estudiase.
Pero no, lo importante era quedar bien con el Poder Ejecutivo. Vaya competencia indigna que se está dando en la Suprema Corte de Justicia: quien se agache más gana. Y mientras ellos compiten y algunos ganan, México pierde. Parece que en la Suprema Corte no se paga el trabajo, sino la sumisión.
