No quieren discutir nada, no reflexionan, no ponen a juicio temas importantes para el país, son intolerantes, irrespetuosos y no permiten el debate; así actúan los diputados de Morena y sus acompañantes. Más de 400 reservas para que la intolerancia fuera la única respuesta.
No todo está perdido. Esta semana el Senado de la República discutirá la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos. Yo le pido al Senado que, al menos, intervengan en tres de las decisiones legislativas que han generado mayor preocupación: el debilitamiento de las organizaciones sociales como consecuencia del cambio al tratamiento fiscal que la reforma da a las donaciones de las que son objeto, la criminalización de los contadores públicos al hacerlo partícipes de una función que no le corresponde y, por último, la obligación de registrar en el Registro Federal de “contribuyentes” a quienes apenas han cumplido la mayoría de edad.
1. Debilitamiento de las organizaciones sociales: La semana pasada me referí claramente al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como a las consecuencias devastadoras que su reforma implicará en términos sociales. Este artículo es una “trampa” porque establece tales límites a la deducibilidad que acaba por no permitir a las organizaciones sociales recibir donativos de personas físicas, lo que contradice el fundamento que las hace existir. Sin las donaciones privadas las organizaciones quedarán prácticamente anuladas. Este gobierno no solo les ha quitado los recursos sino que, además, pone obstáculos para que las personas físicas puedan “soportar” una causa específica. En México sobran las causas necesitadas de apoyo y, por fortuna, somos también un pueblo solidario. La reforma cancela así la solidaridad y deja desprotegidos a los más necesitados. Una auténtica vergüenza.
2. A los contadores públicos la reforma no sólo los trata como presuntos delincuentes, sino que, además, les da el papel de “informantes”, lo que resulta muy grave desde todos los puntos de vista. La reforma fiscal les obliga a “denunciar” a un cliente con la amenaza expresa de tenerlo por delincuente si no lo hace. Imagine usted el traspaso de facultades y responsabilidades que ahora “recaen” en un grupo de profesionistas que no son peritos en Derecho y que, por falta de capacidad o por falta de escrúpulos, tendrán una fuerza importante sobre los contribuyentes. Además, La figura de los “informantes” genera odio y divide a la sociedad (una mirada a la Segunda Guerra Mundial o a la China de Mao no está de más) y, eso, es precisamente lo que busca el partido que detenta hoy el Gobierno de nuestro país. Así de clara la expresión de terrorismo fiscal del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación.
3. A los jóvenes se les obliga inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. (Art, 27 A del Código de la Federación). Esta reforma en particular no tiene ningún sentido. Sin embargo, tiene un olor a venganza porque hace unos años el INE avisó que no compartiría el padrón electoral y, como resulta obvio, el poder Ejecutivo quiere tener su propio padrón y dirá que “aumentó” la base gravable. El problema es que genera consecuencias negativas a los jóvenes quienes ya de suyo tienen un futuro complicado, porque lejos de verlos como un medio de construcción y de futuro, los ve como posibles sujetos económicos y les pide que se registren como contribuyentes, les promete que no van a ser sancionados y, sin embargo, dará la posibilidad a la secretaría de Hacienda de vigilarlos desde su mayoría de edad en cualquier etapa de su vida. Por ejemplo, podrá pedir la aclaración de la licitud del dinero que recibe un hijo para pagar a la universidad, la venta de una computadora, las propinas de un trabajo eventual, las remesas que le mandaron sus padres migrantes, etc. Imagínense para un joven opositor de este régimen lo que le puede significar.
Resalto esas tres disposiciones de la pretendida reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación; pero también faltó hablar del daño a las maquiladoras, de lo que significa legalizar carros ilegales, de la oportunidad que perdimos de aplicar el Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS) para que bajara la gasolina o, por lo menos, que se dedicara al cuidado del medio ambiente. La cerrazón fue lo que prevaleció. Pero todavía se puede hacer algo, falta el Senado.
Diputada federal