Con la novedad de que al gobierno de Morena ya se le acabó el dinero y le urge conseguir más. A nadie sorprende que a un gobierno que no hizo más que invertir en maquinarias electorales se le acaben los recursos. Entonces, no se le ha ocurrido otra cosa mejor que aumentar la deuda pública, aumentar los impuestos a los ahorros de los mexicanos y quedarse con el patrimonio de los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
La semana pasada en la Cámara de Diputados se aprobaron dos dictámenes que se van a discutir en las próximas sesiones. Se trata de la Deuda Pública de 2 billones de pesos. Es verdaderamente una perversidad que oscurece más el futuro de los mexicanos, pero especialmente el de los más pobres. Con esta deuda ya vamos a deber cada mexicano 127 mil pesos. El gobierno federal de Morena es el que más nos ha endeudado.
El otro dictamen corrió por cuenta de la Comisión de Presupuesto y es un asalto al Poder Judicial federal y, específicamente, un robo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Este atraco consiste en anular los fideicomisos que dicho poder tiene para emergencias, prestaciones médicas, mantenimiento de inmuebles, pensiones y compensaciones para los trabajadores y personal de justicia que NO son ministros de la Corte. Son fideicomisos cuyo patrimonio se ha incrementado por ahorros y por aportaciones de los propios trabajadores.
El proyecto que se va a discutir en el pleno de la cámara baja se basa en una iniciativa que se hizo bajo las instrucciones del Poder Ejecutivo y que fue presentada por el coordinador de Morena, Ignacio Mier. Dice el diputado en su iniciativa que es una “nueva manera de gastar” y decide no sólo cancelar los fideicomisos, sino que, a través de un artículo transitorio, prohíbe la creación de más fideicomisos en el futuro. Además, en el artículo cuarto transitorio del dictamen, ordena enviar los recursos de éstos, faltaba más, a la Tesorería de la Federación. Es decir, del gobierno. Todo un despropósito.
Hay muchas razones para votar en contra este dictamen:
1º. Viola el principio de división de poderes, la autonomía debida del Poder Judicial de la Federación.
2º. Violenta el principio de progresividad de los derechos. Los diputados y diputadas estamos obligados a que nuestros actos legislativos no restrinjan, limiten o anulen los derechos adquiridos con el tiempo. Estamos hablando de más de 55 mil trabajadores y de fideicomisos que forman parte de condiciones generales de trabajo previamente pactadas y que recogen también aportaciones del personal del poder judicial mismo. Estos derechos están protegidos desde la propia Constitución, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado hasta y las propias condiciones generales de trabajo.
3º. No se trata de un asunto esencialmente presupuestario porque implican reformas a leyes del Poder Judicial y, por lo tanto, debió haberse turnado a la Comisión de Justicia.
4º. Viola un principio elemental del derecho que es la garantía de audiencia. Trastoca los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, quienes no fueron consultados. Es decir, no se escuchó a los trabajadores respecto de una reforma que les quita derechos. Personalmente, solicité parlamento abierto y no me contestaron nada en la sesión de la comisión correspondiente.
Además, el dictamen en cuestión está lleno de contradicciones, demagogia pura y muestra un desconocimiento de la figura del fideicomiso. Además, no se genera ningún ahorro. Se trata de una propuesta cruel y perversa. Cruel porque anula derechos adquiridos y genera incertidumbre a miles de trabajadores y perversa porque al final tendrá que ser la misma Corte la que declare inconstitucional esta decisión legislativa y representará un desgaste más a la estructura del Poder Judicial Federal y a la Corte que tanto desprecia el Ejecutivo
Una vez más, desde la Cámara de Diputados, los legisladores de la oposición daremos la batalla porque tenemos la razón.
Diputada federal. @Mzavalagc