Cuentan que, a mediados del siglo XVIII, el emperador prusiano Federico el Grande tenía un palacio para descansar en Postdam, un lugar no muy distante de Berlín. El soberano disfrutaba de la tranquilidad y la naturaleza alejado del ajetreo y bullicio de la ciudad. Sin embargo, un constante ruido perturbaba su descanso. Cuando el rey se enteró de que el molesto ruido venía de un molino de trigo situado a unos kilómetros de su palacio, mandó llamar a su propietario y le ofreció una buena suma a cambio de la máquina que después iba a destruir. El molinero le dijo que el molino de viento no estaba en venta. El rey insistió, ofreciéndole una suma de dinero mucho mayor, y el molinero contestó lo mismo subrayando la importancia del molino para su vida. Un tanto desesperado, el rey le dijo que, si no accedía a vendérselo por las buenas, él tenía el suficiente poder para quitárselo, a lo que el molinero contestó tranquilamente: "¡Aún hay jueces en Berlín!" La certeza y confianza en la justicia que tuvo el molinero hicieron desistir al rey de su capricho.
Hace dos años hice referencia a esta historia a propósito de una resolución del Juez Juan Pablo Gómez Fierro con respecto a la Ley de la Industria Eléctrica. Hoy se hace presente ante el ataque y el discurso de odio que está recibiendo el poder judicial federal y, particularmente, por los momentos que vivimos.
Desde el poder ejecutivo se maneja un discurso de odio contra todo el poder judicial y, particularmente, contra la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con la teoría, el discurso es de odio cuando logra generar en otros acciones contra aquéllas personas a las que va dirigido. Y así pasó, apenas iniciaron los ataques a la ministra presidenta las redes sociales se inundaron de una imagen en la que aparecía una foto de ella y una bala a su lado. No se necesita mucha explicación para saber que se trata de una amenaza de muerte.
La obsesión del gobierno de Morena pasó del Instituto Nacional Electoral a la Suprema Corte de Justicia. Yo puedo entender que el poder ejecutivo estaba muy pero muy cómodo con la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, quien fue incapaz de generar o suscribir un solo acto valiente de independencia del poder ejecutivo al que presidía. Es decir, puedo entender que lo extrañen mucho, pero el trato majadero que se da a la actual presidenta de la Corte en los eventos públicos, así como el discurso de odio dirigido a su persona y al poder judicial es injustificable. Ojalá esto sirva para que los ministros y ministras de la Corte den cuenta de la importancia de la División de Poderes como principio fundamental de nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
Por otro lado, las leyes publicadas bajo el paquete nominado el “Plan B” son inconstitucionales en forma y fondo; se promulgaron para anular las instituciones construidas a lo largo de nuestra historia y que tuvo sus momentos heroicos y gloriosos en la transición democrática; el “Plan B” es la expresión de un capricho del poderoso frente a los más débiles que son los gobernados, mismos que organizadamente se han empoderado para pedirle a la Corte que sea “la voz de la Constitución”.
Se que vienen tiempos fuertes para quienes integran la Suprema Corte, pero México y nuestra democracia valen la pena, como también valen los ideales que prometieron defender cuando (quizás) de jóvenes soñaron con la posibilidad de tener el alto honor de integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De nuestra Nación.