Una de las herencias indiscutibles de la política salarial de la llamada 4T será el aumento del salario mínimo (SM) real, de manera consistente, por encima de la inflación. A la fecha se han producido cinco aumentos y sólo resta la adopción de una sexta alza, dentro de un año, para finalizar el sexenio. Los aumentos han sido del 16.2%, 20%, 15%, 22%, y el más reciente, de diciembre del 2022, del 20%. Si se descuenta el efecto de la inflación en estos años, hablamos de un notable aumento real del 92% en cuatro años. El salario mínimo pasó, en la mayor parte de la República, de 88.36 pesos nominales diarios, a 207.44 pesos al día de hoy. El poder de compra de este monto equivale a 169.55 pesos de 2018, cuando comienza el proceso alcista del mínimo. Ahora bien, sin restar importancia a esta orientación alcista del piso salarial de la economía formal, sería ingenuo suponer que con ello se alcanzaría un estado de bienestar para la mayoría de la población trabajadora de México en el corto plazo, independientemente de la bienvenida intención de combatir la vergonzosa herencia de dicha ancla salarial durante seis sexenios consecutivos anteriores. Los salarios mínimos raramente son diseñados para generar un ingreso suficiente para alcanzar condiciones de vida decente (la palabra viene de la Organización Internacional del Trabajo), según los estándares de vida de la época. Una de sus funciones consiste, al menos, en empujar hacia arriba los salarios de las categorías cercanas más bajas, las de los bajos fondos de la economía informal, y hacia arriba, allí donde los rangos de baja calificación llegan a ser superados por los nuevos SM. Para el México actual, esta primera pinza de la política salarial era una reivindicación urgente y necesaria.
Los salarios crecientes son al bienestar lo que el agua a la agricultura, indispensables. Constituyen su núcleo básico. Ahora bien, en los países subdesarrollados, como México, la esperanza de alcanzar salarios elevados promedio tiene límites muy ajustados, debido al freno que representa la baja productividad promedio del trabajo, con relación a los países más desarrollados, cuya productividad laboral (y salarios) son mucho mayores, como demuestra la historia económica del colonialismo en adelante en América Latina.
El Producto Interno Bruto por persona (PIB per cápita) es una aproximación elemental al concepto de productividad laboral en un país. Así, por ejemplo, el PIB per cápita de México era del 21% respecto del PIB per cápita de los Estados Unidos en 1950. Luego de algunas fluctuaciones, hacia el año 2000 la proporción se mantenía en 20%, una quinta parte. Para el año 2018, antes de
la pandemia, el porcentaje había descendido al 15%. Por contraste, China, que en 1960 tenía un PIB percápita de una cuarta parte del de México, aceleró su crecimiento económico en las áreas de desarrollo tecnológico y científico de manera extraordinaria, con ayuda de un flujo masivo de inversión extranjera y de apoyo estatal creciente para su asimilación a la producción interna, con lo cual ha superado ya la productividad promedio de México. En China, como en Corea del Sur, por ejemplo, se producen hoy computadoras y celulares con tecnologías propias, que compiten con las de países desarrollados. El PIB per cápita de Corea del Sur es hoy aproximadamente la mitad del estadounidense y tres veces más alto que el de México, mientras en 1960 era de la mitad. Sin inversiones masivas exitosas que desarrollen la capacidad productiva nacional bajo la dirección de un estado fuerte (lo que supone una recaudación elevada), no tendremos un promedio salarial alto.
Es por esta limitación estructural que la política de elevación del SM en México tiene una segunda pinza o componente indispensable: la de imponer un techo a los incrementos de los salarios considerados altos o muy altos. A semejanza de sexenios anteriores, ha operado un freno a los aumentos salariales reales para la mayoría de los trabajadores formales. Se trata de los topes salariales asociados hoy con la “austeridad republicana”, para los empleados públicos, y la austeridad a secas, para defender sus utilidades, en el caso de las negociaciones privadas, de capital nacional y extranjero. De hecho, el llamado nearshoring, que entre otros ha iniciado China, probablemente reforzará esta condición, al reclamar salarios “competitivos” (es decir, bajos). Topes salariales efectivos para la mayoría de los afiliados al IMSS o al ISSSTE. El efecto de esta segunda parte de la política salarial, menos publicitada pero de mayor alcance que la primera, por afectar a un número muchas veces superior a la población ocupada que recibe un salario mínimo, ha compactado la estructura salarial hacia abajo. Cabe señalar que la baja tasa de sindicalización, que se ubica en el 12.7% de la fuerza laboral formal, y la mínima actividad de resistencia sindical activa, han facilitado la imposición de los topes por debajo de la inflación, que ha ido en rápido aumento, particularmente en el sector de alimentos. Nuestra hipótesis es que buena parte del financiamiento del aumento al salario mínimo no ha provenido de la reducción de las utilidades privadas, o de fondos públicos, sino del fondo salarial de los trabajadores con salarios más altos. No ha sido un resultado de un incremento de la productividad, que como vimos, se retrasó respecto de nuestro principal socio comercial
Vamos a utilizar las cifras proporcionadas por el IMSS en el estado de Nuevo León para analizar el proceso de compresión de la estructura salarial, entre los años 2000-2022. Nuevo León es un caso emblemático porque se trata de uno de los estados de la República con mejores salarios.
Hacia el año 2000, Nuevo León (NL) contaba con 936 mil 315 empleados afiliados al IMSS. De este total, los trabajadores que se contrataron por un SM sumaban casi 144 mil, o un poco más del 15% del total, mientras que los que obtenían entre 1 y 2 SM fueron 236 mil 232, o el 25%. Sumados, alcanzaban entonces el 40% de esta fuerza laboral. Ahora bien, La cantidad de trabajadores que obtenían 1 SM se redujo dramáticamente en pocos años, hasta contabilizar menos de dos mil antes de la crisis del 2008. Durante los años dos miles y hasta el inicio del actual sexenio la cantidad de obreros con SM se redujo a una proporción insignificante: menos de mil afiliados en todo el estado. Este dato revela una de las razones fundamentales por la cual el sector empresarial no se opuso, sino que avaló la primera pinza de la política salarial gubernamental, la de elevar el piso del abanico salarial nacional. Después de todo, las condiciones del mercado les habían impuesto ya a las empresas neoleonesas la contratación casi universal por encima del mínimo. Los salarios mínimos de mercado habían superado a los mínimos legales. Es por ello que ya desde 2016 se instauró la UMA (unidad de medida de actualización de precios), para evitar que el inevitable aumento a los mínimos generalizara su impacto a los precios y multas que se calculaban con ellos. Hoy en día, el IMSS y el ISSSTE utilizan la UMA y no el SM en sus estimaciones de salarios y topes para pensiones. Hacia 2008 el segmento de trabajadores que ganaba entre 1 y 2 SM en NL superó los 300 mil afiliados, lo que supone que incorporó a un buen número de los antiguos integrantes del sector que ganaba 1 SM. Hacia 2022, sorprendentemente, el número de receptores de 1 SM en NL no había alcanzado a las 2 mil personas, pese al crecimiento de los trabajadores afiliados al IMSS, que superaba ya el millón 752 personas, un 87% más elevada que en el año 2000. Los cambios más notables de los últimos 4 años son: el crecimiento aún más acelerado del grupo de entre 1-2 SM (posiblemente más cercano hoy al mínimo que al doble del mínimo, digamos que obtengan un salario ligeramente superior a los 207.44 pesos diarios, y se ubiquen por ejemplo, entre 220 y 250 pesos. Estas cifras son muy cercanas a las que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ofreció sobre salarios mínimos profesionales, en su informe más reciente. El pasado enero, la Comisión determinó que un cajero debe obtener al menos 215 pesos diarios, un cantinero 219, un electricista 234, un chofer de carga 244 y un operador de draga, 253. La única profesión cuyo mínimo rebasa el doble del SM general es la de reportero de prensa, con 464 pesos al día. Así, el número total de recipientes del segmento entre 1-2 SM en NL alcanzó las 886 mil plazas, número cercano a la totalidad de trabajadores del IMSS en el estado en el 2000, y que abarca la mitad del volumen actual del empleo en NL. Si añadimos a este grupo el del siguiente escalón de afiliados por ingresos, los que ganaron entre 2-3 veces el SM, notamos que sucedió en este segmento un proceso semejante
de crecimiento del empleo entre 2000-2018: pasó de 190 mil trabajadores en el 2000 a 318 mil en 2018, pero sólo tuvo un incremento marginal, de algo más de 4 mil plazas, en los cuatro últimos años (en parte por el efecto de la pandemia) para alcanzar los 322 mil afiliados en la actualidad. Sumados, los trabajadores que obtienen entre 1-3 SM en NL cubren hoy al 70% de la fuerza laboral afiliada al IMSS.
Por contraste, si se analiza otro segmento con salarios mucho más elevados en NL, digamos entre 8-9 SM, su número absoluto se redujo aproximadamente en un tercio durante la actual gestión: pasaron de 31 mil a 21 mil plazas entre 2018 y 2022, y su peso relativo es de apenas el 1.3% de la ocupación. Los altos salarios son pues una especie en extinción. Este efecto castiga el ingreso de los trabajadores más calificados y está en la base de la fuga de talentos en el país. Muchos de nuestros mejores estudiantes procuran emigrar, por falta de oportunidades locales y bajos salarios. Otros, se quedan por convicción, pero probablemente la mayoría quiera irse o ya se han ido. Otro enfoque que permite advertir el fenómeno de adelgazamiento o compresión de la masa salarial total lo constituye la comparación de los salarios promedio por rama industrial, y su relación con el SM. En el caso de la industria eléctrica en NL, por ejemplo, pasó de representar 12 veces el SM en 2015, a 6 veces los nuevos SM. Esta reducción recoge tanto el efecto del aumento al SM como una reducción del salario real en las categorías más altas del tabulador en el sector.
Así, la reducción del abanico salarial tiende a concentrar el ingreso hacia la marca de los dos SM, o menos. Esta conclusión es consistente con los datos que proporcionan el CONEVAL y el INEGI, a partir de encuestas nacionales (no sólo en Nuevo León). Según los datos de fines de 2022, el ingreso laboral por persona ocupada era de 7,067.65 pesos al mes para hombres y 5,522.43 para mujeres, ubicándose el promedio en 6,436.77, es decir un poco más de 1SM. En el caso de trabajadores formales, el ingreso promedio fue de 9,077.72 pesos al mes, más o menos el doble que el promedio del ingreso informal (4,519.85). En cuanto a la estimación del ingreso familiar, la media se ubicaba en 11 mil pesos (por debajo de las dos veces el SM actual). Quienes obtienen el doble de dicha media, es decir unos 22 mil pesos al mes, no llegan al 2% de la Población Económicamente Activa.
Este breve boceto de la estructura salarial del país indica que estamos muy lejos de una situación de bienestar dentro de las familias trabajadoras, que sufrieron, además, un impacto brutal durante la pandemia. Todo ello no deja lugar para el triunfalismo gubernamental. Hay componentes que pueden y deben añadirse a este balance, como la evaluación del impacto de los programas sociales del gobierno, particularmente en el sur del país, o del extraordinario flujo de remesas, que
son salario (las remesas superaron el 4% del PIB en 2022). Sin embargo, ambos factores no alcanzarían a modificar en mucho el panorama descrito, y su continuidad no está garantizada. Y no lo está, por la decisión explícita de no plantearse una reforma fiscal redistributiva. Un estado pobre es, por definición, un Estado débil. Tal es el caso de México. En el país se recauda el 14% del PIB, aproximadamente, cifra que es la mitad que lo que recauda Argentina, y menos aún que la tasa de Brasil (31%). Estas diferencias se explican, paradójicamente, por el papel fundamental de los ingresos petroleros sobre las finanzas públicas en decenios anteriores. La clase empresarial logró evadir su tajada de impuestos en comparación con sus pares latinoamericanos, ¡a partir de la expropiación petrolera! Esto en el sentido de que los recurso de la paraestatal fueron la caja chica de las finanzas nacionales por muchos años, hasta que la llevaron a la deplorable situación de dependencia tecnológica y déficit de operación actuales.
El bienestar asociado a salarios crecientes es una meta extraordinariamente compleja, de largo plazo, imposible de alcanzar sin educación de calidad, inversión e infraestructura pública y privada capaces de elevar la productividad en forma sostenida. Desde el punto de vista de la historia económica, el subdesarrollo se asocia con la baja productividad del trabajo. Con diferencias entre sí, todos los países subdesarrollados deben importar la gran mayoría de los bienes de capital necesarios para su estructura productiva. La tendencia descrita a la convergencia de salarios bajos y otros muy cercanos a estos, no sólo existe en México, sino también en América Latina. Instituciones como el Banco Mundial y expertos en temas de desigualdad, como Anthony Atkinson, han advertido sobre ella, bajo la figura de una reducción de la desigualdad laboral medida por un coeficiente de Gini a la baja, lo que hemos llamado simplemente la compresión salarial. O sea, más salarios de subsistencia y menos salarios que generen un estatus de clase media. Hay algunas excepciones a la fatalidad de la baja productividad en el subdesarrollo, como indican los casos de China o Corea del Sur. Si México no logra un impulso económico semejante, en un proceso de décadas, los salarios para el bienestar serán solamente un buen deseo. Como cuando el presidente chileno Arturo Alessandri, quien fuera un orador privilegiado, en un mitin frente a un grupo de mineros, respondió al grito de uno de esos mineros, diciendo que tenía frío, lanzando a la multitud un abrigo lujoso. El abrigo no podría cubrir a la multitud, y la multitud lo hizo pedazos.